M. Eugenia Garcés/ Catedrática
No es la primera vez que los periodistas y sectores académicos hemos sido excluidos. Desde el 2009, el panorama ha sido similar y los profesionales de la Comunicación no hemos participado en los debates de la comisión que redacta la ley de comunicación.
El proyecto es elaborado con base en puntos de vista subjetivos y de intereses políticos. En el país no ha existido un real debate sobre la ley, no se ha discutido el derecho a la comunicación ni el enfoque que debe tener la ley. Lo que ha existido es un desencuentro de intereses.
Debería pensarse en la metodología de trabajo que está llevando a cabo la Comisión. Los temas que se analizan son vitales. Por ejemplo, se habla de una ley de medios cuando una ley de comunicación es mucho más amplia. Seguramente salió de parecer de los asambleístas que no saben de comunicación. En el debate legislativo debería incluirse a los sectores profesionales, los cuales sí podríamos aportar en el tema, dejando de lados los intereses políticos.
Respecto al Consejo, hay una falencia, este no puede ser concebido como institucionalidad sino como parte del sistema. Además, su conformación deber ser discutida. Si bien el Gobierno debe tener representación, podría ser peligroso que una mala estructuración pueda convertirse en un elemento que atente contra las libertades.