El reciente paro nacional en Ecuador, que tuvo como detonante la eliminación del subsidio al diésel no replicó los episodios de violencia y bloqueos masivos en Quito de 2019 y 2022. Analistas coinciden en que la estrategia del presidente Daniel Noboa marcó un giro en la gestión de crisis: trasladar la sede del Gobierno a Cotopaxi, implementar un cerco preventivo en los accesos a la capital, sostener una narrativa de firmeza y combinar restricciones con compensaciones económicas.
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El cerco preventivo y el control de los accesos de Daniel Noboa en el paro nacional
Sofía Guerrero, analista política de la UDLA, explica que la clave estuvo en la anticipación: el control de vías hacia Quito, retenes militares y presencia en puntos simbólicos como El Arbolito evitaron caravanas masivas. Añadió que el toque de queda en provincias estratégicas limitó traslados nocturnos y redujo riesgos de concentración.
Rafael Silva, consultor político, destacó que la fragmentación de la Conaie y el traslado de la sede del Gobierno a Latacunga fueron determinantes. Señaló que esa decisión permitió contener un posible inicio de protestas en la capital y abrió un canal de diálogo más directo con dirigentes.
El especialista en comunicación, Andrés Obando, recordó que en 2019 y 2022 las marchas tardaron siete días en llegar a Quito. A su criterio, la lógica cambió esta vez porque el poder ya no estuvo en Carondelet, lo que obligó a replantear la movilización hacia un nuevo objetivo.
Cotopaxi como nuevo escenario de poder
Silva remarcó que trasladar la sede a Cotopaxi envió un mensaje de firmeza en el bastión de Leonidas Iza. Afirmó que se trató de ejercer presión simbólica en el punto histórico de partida de las movilizaciones.
En cambio, Guerrero sostuvo que la medida buscó invertir la relación histórica de la provincia con la protesta. Comunicacionalmente, dijo, proyectó a un Gobierno que se instala en el territorio y no se atrinchera solo en Quito. Sin embargo, advirtió que sin diálogo real puede percibirse como militarización.
Obando consideró que el mensaje fue “cortar de raíz” el paro en su origen natural. Sin embargo, precisó que la violencia registrada en los primeros días fue similar a la de movilizaciones pasadas, lo que cuestiona la efectividad plena de la estrategia.
Toque de queda y proporcionalidad en el uso de la fuerza
Guerrero planteó que el toque de queda aplicado en franjas nocturnas y provincias específicas fue un avance respecto a los estados de excepción generales. No obstante, dijo que la muerte de un manifestante obliga a investigaciones inmediatas y transparentes.
Desde la perspectiva de Silva, el Estado permitió la protesta y al mismo tiempo usó legítimamente el monopolio de la fuerza. Comparó este episodio con los de Moreno y Lasso, donde la articulación institucional fue menor.
Obando añadió que el mensaje que se buscó proyectar fue disuasivo: mientras la protesta no llegara a Quito, el Gobierno consideraba la situación bajo control. Sin embargo, alertó que sin soluciones negociadas, las marchas en la capital podrían ser inevitables.
Comunicación oficial y la narrativa del crimen organizado
Silva explicó que el Gobierno defendió la eliminación del subsidio desde un enfoque técnico y sumó la idea de que el contrabando financia delitos como la minería ilegal y el narcotráfico. Consideró que esa narrativa resta legitimidad a ciertos sectores, aunque genera rechazo en ecologistas y grupos sociales.
La analista política señaló que el discurso proyectó una imagen de liderazgo fuerte ante sectores productivos y urbanos. Pero advirtió que el efecto es ambivalente: desincentiva a moderados, al tiempo que radicaliza a críticos que rechazan la vinculación con criminalidad.
Obando recordó que esta estrategia ya fue usada por Moreno y Lasso, quienes afirmaron que las medidas no tenían marcha atrás y asociaron protestas con infiltración criminal. Subrayó que, como en casos anteriores, aún falta que se presenten pruebas públicas.
Compensaciones económicas y contención por incentivos
Guerrero indicó que los bonos y programas de apoyo buscan dividir el frente de protesta y mostrar un Gobierno que ofrece soluciones, además de medidas restrictivas. Sin embargo, puntualizó que su impacto es limitado porque los beneficios operan a mediano plazo.
Para Silva, las compensaciones han servido para calmar ánimos y comprar tiempo al Ejecutivo. Enfatizó que estas medidas funcionan como un clientelismo que ayuda a desgastar la resistencia y mantener la contención.
Por otro lado, Obando sostuvo que los bonos no son determinantes en comunidades indígenas, donde la decisión de movilizarse se toma colectivamente. Explicó que aunque la gente reciba beneficios, la orientación de los líderes sigue siendo la que define la protesta.
Escenarios para Quito y el futuro de la protesta
Silva describió el momento actual como una etapa de incubación. Dijo que los focos dispersos pueden llevar a una reorganización de las bases o al desgaste del movimiento, y que el Estado debe garantizar el derecho a la protesta sin ceder a presiones violentas.
Para Guerrero, el escenario más probable es un blindaje mayor de Quito con dispersión territorial de las protestas. Advirtió que un nuevo fallecimiento o un acto represivo desproporcionado podría reactivar intentos de ingreso masivo a la capital.
Obando anticipó que en Quito podrían surgir protestas propias lideradas por movimientos estudiantiles, sindicales y políticos de izquierda. Señaló que esa convergencia, sumada al movimiento indígena, representaría un desafío de confrontación directa al Gobierno de Noboa.
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