¿Las medidas cautelares de Guadalupe Llori y el hábeas corpus a favor de Jorge Glas están apegados a derecho?
Este uso abusivo del derecho ha generado una controversia sobre para qué son las garantías jurisdiccionales. Están diseñadas en la lógica de hacer efectivos los derechos de las personas. La existencia de las garantías no está mal; que se hayan utilizado políticamente determinadas garantías, eso sí corroe el sistema y lo debilita.
¿Para qué son las garantías jurisdiccionales?
Todas las personas tienen derechos humanos y constitucionales. Pero el tener el derecho no basta. Se requieren mecanismos de protección de ese derecho.
Por eso surgen las garantías jurisdiccionales. Son una obligación de la lógica de protección de los derechos humanos.
¿En los casos mencionados, esas garantías se han desnaturalizado?
Sí. Hay tres elementos que lo han generado. El primero es que, luego de 13 años, se ha verificado que no todos los jueces tienen el conocimiento en Derecho Constitucional. El segundo problema es que la Constitución, al ser norma suprema, es amplia. Esto quiere decir que tal y como está redactada, no existen parámetros identificables para los jueces de cuándo procedería una garantía constitucional. Por ejemplo, para el hábeas corpus se deben probar tratos crueles, tortura o tratos degradantes. Para eso, por ejemplo, se debe recurrir a normas internacionales. El tercer problema está en los abogados. Hay quienes han utilizado al extremo estas garantías. No creo que es ético presentar una acción abiertamente contraria a Derecho.
¿Hay un exceso en el uso político de las medidas cautelares y acción de protección?
Estamos viendo que sí. Lamentablemente, estos mecanismos se han convertido para ser interferencias en el ejercicio de las funciones. Eso está generando esta animadversión al sistema constitucional y a la Constitución. Al final del día, nuestra Constitución es una norma que debe ser cumplida y cuando la desconocemos ya no estamos viviendo en un estado de derecho.
¿Es tan sencillo para cualquier ciudadano obtener estos recursos con tanta celeridad?
Lamentablemente sí; se está viendo que hay esta justicia de doble nivel… de doble rasero. Esto está perjudicándonos profundamente.
¿En el caso de Jorge Glas, se cumplieron los requisitos para obtener el hábeas corpus?
Aquí hay algunas cuestiones que hacen sospechar. La primera es que supuestamente la persona que presenta el hábeas corpus va a la Latacunga y le dicen que no saben dónde está Glas. Existe una regla de que, si desconoce el paradero, se puede presentar en cualquier lugar el pedido. Esta mañosería o falta de información de la SNAI genera que se pueda abusar de la garantía. Después, en la audiencia, se pregunta si es vedad que no sabían en donde estaba y se quedan callados. Eso facilitó que el juez dijera que es competente.
En primera instancia, ¿hay jueces capacitados en materia constitucional?
Me atrevo a decir que en el 100% de casos la capacitación en materia constitucional ha sido responsabilidad de cada uno de los jueces. Se tienen jueces responsables con la justicia. La Escuela Judicial ha quedado en deuda y básicamente los jueces tienen que buscar su capacitación. El Estado está fallando ahí. Como funcionarios públicos hay la obligación de una capacitación permanente.
También hay voces que cuestionan el papel de la Corte Constitucional. ¿Tiene base este cuestionamiento?
Ese cuestionamiento es en gran medida con desconocimiento sobre qué es lo que puede hacer la Corte. Tiene capacidad de dictar precedentes. Podría hacer más, sobre todo en pedagogía constitucional, pero la Corte no tiene la capacidad de capacitar a los funcionarios. No puede modificar las mallas de formación de todas las universidades. Sí tiene una responsabilidad, pero está ligada a la pedagogía, a la claridad en sus decisiones, que no haya ambigüedad.
¿Qué seguridad jurídica tienen los ciudadanos frente a las últimas decisiones?
Cuando desconocemos el derecho entramos en el caos. Si llegamos ahí no tenemos certeza de nada.
Lamentablemente, lo que le queda es exigir a los diferentes estamentos y también a la sociedad civil y a la Academia; es comprometerse a una mejor formación de los abogados.
¿Hacen falta reformas legales?
Podrían ayudar, pero no van a ser la panacea. No podemos caer en el fetichismo de que la Ley va a cambiar todo ni tampoco que la jurisprudencia va a cambiar todo. Hay un famoso adagio: ‘Dadme leyes malas y jueces buenos y tendremos buena aplicación. Dadme leyes buenas y jueces malos y tendremos una mala aplicación’.
Pamela Aguirre Castro
Experta en Derecho Constitucional. Estuvo nominada para la renovación de la actual Corte Constitucional. Es directora del Observatorio Jurídico Social de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y docente de posgrado en Instituciones Nacionales e Internacionales en dicha universidad.