El Movimiento político Pachakutik (PK) reacciona tras la acusación del presidente Guillermo Lasso en contra de cinco de sus legisladores. Ellos presuntamente habrían pedido favores a cambio de su voto a favor del proyecto de Ley de Inversiones, que fue archivado.
La organización exige a la Fiscalía General del Estado que investigue a los asambleístas, también a la otra parte involucrada en la presunta negociación.
Lasso, en una solicitud enviada a la Fiscalía, denunció que en una reunión de carácter político mantenida por sus colaboradores con los asambleístas Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, así como el asesor legislativo de este último, Marcelo Rosero, “habrían pedido beneficios económicos para sí a cambio de consignar su voto a favor del antedicho proyecto de Ley (de Inversiones)”.
En un comunicado, emitido la noche de este 26 de marzo del 22, el coordinador Nacional de PK, Marlon Santi, exige una investigación transparente para que “todo acto que no esté pegado a la ética de cualquier funcionario público y que, de comprobarse actos dolosos, que se aplique el máximo rigor de la Ley a quien corresponda”.
En el marco de los preceptos del Movimiento (Ama Killa, Ama Llulla, Ama Shuwa), Santi pide “a la justicia que actúe con la mayor transparencia y si alguno de nuestros compañeros ha traicionado a nuestro pueblo que pague como la ley lo determine”.
“Señora Fiscal General de la Nación, en sus manos está la responsabilidad de hacer brillar la justicia en nuestra Patria, dejando un precedente histórico contra el terrible cáncer que azota al pueblo ecuatoriano que es la corrupción”, apuntó el dirigente.
PK ofrece apoyo a Fiscalía
Ofreció el apoyo de PK a la Fiscal Diana Salazar para que cumpla su trabajo “con verticalidad y objetividad, sin presiones políticas y sin olvidar que igual de inmoral es el que ofrece como el que recibe y debe ser castigado de la misma forma el corrupto como el corruptor”.
Santi, aseguró en el documento, que PK también investigará y buscará “pruebas necesarias ante estas serias acusaciones que se dan luego de no aprobarse una Ley”.
Se respetará la presunción de la inocencia, pero de ser hallados culpables los legisladores, “no solo serán sancionados casa adentro, sino exigiremos la sanción legal correspondiente tanto para quien pidió dinero como para quien lo ofreció a cambio de votos”, concluyó PK.