La aprobación de leyes y ratificación de acuerdos comerciales están en suspenso hasta que entre en funciones una nueva Asamblea Nacional en Ecuador. También los juicios políticos y posesión de nuevas autoridades.
La disolución del Parlamento y nuevas elecciones quedó en firme este jueves, 18 de mayo del 2023. El presidente, Guillermo Lasso, decretó la “muerte cruzada” el miércoles 17 “por grave crisis política y conmoción interna”, en momentos que la oposición buscaba destituirlo vía juicio político.
La Corte Constitucional no admitió a trámite seis acciones de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 741. Los recursos fueron presentados, en su mayoría, por exlegisladores que pretendían regresar a sus curules.
Las tareas pendientes deberán ser retomadas por la nueva Asamblea. El 20 de agosto próximo se realizarán las nuevas elecciones, según el Consejo Nacional Electoral (CNE). Los legisladores y el Presidente que resulten electos estarán en sus puestos hasta el 2025, cuando finalizaba el periodo de los actuales.
“Considero que en el mes de noviembre serán posesionadas las nuevas autoridades”, mencionó la presidenta del CNE, Diana Atamaint. El país atraviesa una situación institucional inédita en la historia reciente.
Leyes y acuerdos comerciales
En este lapso, la Constitución solo permite al Presidente expedir decretos-leyes de urgencia económica, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Según el artículo 148 de la norma suprema, estos podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo, cuando se instale.
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, aclaró que esto no significa que el Ejecutivo tenga “carta blanca” para actuar y que no podrán, por ejemplo, expedirse reformas penales o en otras áreas.
Cucalón también reconoció que tampoco podrán entrar en vigencia nuevos acuerdos comerciales, pues requieren de la ratificación de la Asamblea. En este año se firmaron dos: uno con Costa Rica y otro con China, que todavía deben superar los filtros en la Corte Constitucional y en la Legislatura.
Juicios políticos y posesión de autoridades
Otra de las actividades que están suspendidas son los juicios políticos. La oposición legislativa tenía en la mira al Consejo Nacional Electoral (CNE), a tres vocales del Consejo de la Judicatura, al ministro de Transporte, Darío Herrera, y otros tres exfuncionarios de Lasso. Incluso la interpelación al Presidente, que arrancó en vísperas de la disolución.
La Asamblea también tiene la atribución de posesionar a nuevas autoridades. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), Alember Vera, aseveró que el organismo continuará adelante con los concursos para Contralor, renovación parcial del CNE, entre otros, hasta que el nuevo Parlamento los posesione.
Plazo para nuevas elecciones
El artículo 148 de la Constitución obliga al CNE a convocar a elecciones presidenciales y legislativas en un plazo de siete días, contado desde la expedición del Decreto Ejecutivo 741 de la muerte cruzada. El organismo electoral “podrá disponer que las elecciones se realicen en un plazo menor a 90 días, contados a partir de la convocatoria”, precisa el artículo 87 del Código de la Democracia.
La norma contempla hasta la destitución de los vocales del CNE, por parte de la Corte Constitucional, si incumplen estos plazos, en cuyo caso podrán actuar los suplentes o consejeros interinos.
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