La Junta de Política y Regulación Financiera es la entidad que debe emitir las regulaciones tras el acuerdo sobre alivio económico entre el Gobierno y las organizaciones indígenas. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, calcula que el acuerdo estará implementado hasta la próxima semana.
El acuerdo de la mesa sobre banca pública y privada se suscribió la tarde del 18 de julio del 2022. En ella constan algunos artículos que señalan el procedimiento a seguir para cumplir lo dialogado entre las partes. A la Junta de Política y Regulación Financiera le compete emitir una resolución conforme a las soluciones consensuadas.
Al Gobierno le tomará esta semana para implementar el acuerdo, según estimó Francisco Jiménez en una entrevista en radio Democracia.
Regulaciones de la Junta
La Junta debe emitir la normativa para que las entidades financieras públicas, privadas y populares consideren, caso por caso, la refinanciación o reestructuración entre microcréditos, créditos productivos PYMES y educativos otorgados a personas naturales y organizaciones.
Se aplicará a quienes hayan sido sujetos de crédito sin tener personería jurídica y cuyas obligaciones se encuentren vencidas desde el 1 de enero del 2020 hasta el 30 de junio de 2022. La refinanciación no deberá causar gastos ni recargos. También queda prohibida el anatocismo, es decir la capitalización de los intereses de una cantidad prestada.
Con la operación refinanciada o reestructurada se permite otorgar periodos de gracia, el no cobro de gastos de cobranza, costos legales, tarifas, comisiones. Se podrá otorgar recursos adicionales, según el marco legal de la entidad financiera acreedora. Sin embargo, al no tratarse de una nueva operación crediticia no se afecta con tributos, contribuciones y otros gravámenes.
Para un refinanciamiento de créditos se podrá consolidar todas las deudas que una persona tenga al momento de solicitarlo. Los créditos refinanciados tendrán la calificación de riesgo A1, que estará vigente mientras el deudor se mantenga al día en sus pagos.
Además, se define que las provisiones que hayan sido efectuadas por la entidad financiera al momento de la instrumentación del presente mecanismo no podrán ser reversadas. A partir del pago de la tercera cuota consecutiva, sin que el deudor haya registrado morosidad, en el cálculo de provisiones se aplicará la tabla de calificación y provisiones correspondiente.
Por otro lado, las entidades del sistema financiero nacional reportarán todas las operaciones sobre la aplicación de la refinanciación a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, según corresponda, de forma mensual.
El plazo para la aplicación de la refinanciación correrá desde que se expida la resolución y estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2022.
Condonación
El Directorio de BanEcuador debe implementar el instrumento jurídico para ejecutar la condonación, reestructuración y entrega de créditos.
La condonación se aplica para créditos vencidos hasta el 31 de mayo del 2022, para deudas vencidas de hasta USD 3 000. La condonación incluye intereses, intereses de mora y gastos legales. Se notificará a la Superintendencia de Bancos y esa base de datos de clientes ya no aparecerá en el buró de crédito. Tras la condonación del crédito, se eliminan las medidas dictadas por procesos de coactiva.
También se dispone que las entidades financieras públicas condonen créditos o activos de préstamos de hasta USD 10 000, más sus intereses, otros costos y comisiones, que sean considerados irrecuperables.
BanEcuador aprobará la reestructuración de créditos a los clientes con deudas vencidas de entre USD 3 000 a USD 10 000. Incluye tres años de gracia total con hasta 10 años de plazo. La institución también debe implementar el instrumento jurídico para destinar USD 100 millones en créditos para pequeños y medianos productores. Se otorgarán desde USD 5 000 hasta USD 20 000, al 5% de interés anual y hasta 10 años plazo.
El gerente General de BanEcuador debe gestionar el incremento de créditos de las oportunidades, para que se aprueben USD 200 millones adicionales. Para la colocación en sectores lejanos, las organizaciones indígenas apoyarán con veedurías.
Cooperativas
Otra entidad que tiene compromisos es la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips). Deberá hacer lo propio para colocar USD 120 millones de créditos productivos de segundo piso en cooperativas de ahorro y crédito.
El analista político Alfredo Espinoza califica de positivo al actual escenario y destaca que para la entrega de facilidades se analicen los casos, de forma específica. No obstante, dice que preocupa que los recursos “lleguen a quien en verdad lo necesita para que se traslade en beneficio de las comunidades”. Tiene que existir una rendición de cuentas por parte del Gobierno, sugiere.
El acuerdo “demuestra que sí es posible deponer actitudes, pero también pone en evidencia que las cosas que se suscitaron antes se pudieron evitar si el Gobierno, en lugar de tomar una posición reactiva hubiera tomado una línea propositiva”, evalúa.