Ley de Integridad Pública sumó demandas de inconstitucionalidad de médicos, jueces y docentes

Médicos, jueces y docentes universitarios acudieron a la Corte para presentar demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública.

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La Ley de Integridad Pública sumó tres demandas de inconstitucionalidad de médicos, jueces y docentes ante la Corte Constitucional, este miércoles 16 de julio de 2025. Esta norma fue publicada en el Registro Oficial el pasado 26 de junio y ya supera las 15 acciones en su contra.

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Organizaciones y gremios de médicos, jueces y docentes acudieron este miércoles a la Corte Constitucional para presentar demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública.

Médicos

La Federación Médica Ecuatoriana junto a la Asociación de Enfermeras y Enfermeros del Ecuador cumplieron con su advertencia de movilización y demanda contra la Ley de Integridad Pública.

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Se movilizaron desde el parque El Arbolito hacia la Corte Constitucional para presentar la demanda.

Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica, señaló la falta de diálogo y consenso desde el Ejecutivo para las reformas a la Ley de Servicio Público y la Ley de Seguridad Social.

Carrasco agregó que existe una vulneración de derechos adquiridos por los trabajadores.

Además, insistió que el sector de la salud atraviesa problemas como la falta de estabilidad y de recursos.

Jueces

La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces demandó la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública por el fondo y por la forma.

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Por la forma, ya que existe una falta de unidad de la materia y se envió con el carácter de económico urgente.

Por el fondo, Karina Rodas y Luis Ávila señalaron que las reformas al Código de la Función Judicial vulneraran los derechos de los jueces.

Docentes

La Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Central del Ecuador ingresó una acción pública de inconstitucionalidad por la forma y el fondo de la ley.

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Los docentes están en contra de las reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público, señalan que atentan contra la estabilidad laboral.