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El presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integridad Pública. Lo hizo este lunes, 30 de junio de 2025.
Según el dirigente, esta normativa vulnera derechos fundamentales de miles de servidores públicos en Ecuador, especialmente el derecho a la jubilación voluntaria.
A través de la red social X se conoció la postura de la organización sobre la Ley de Integridad Pública. Según esta, la norma impide que docentes, médicos, enfermeras y otros trabajadores del Estado puedan retirarse voluntariamente a partir de los 60 años.
Eso debido a que supuestamente pierden el monto económico correspondiente a la compensación que anteriormente estaba garantizada.
El presidente de la UNE @VAndresQuishpe presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública, una normativa que vulnera el derecho a la jubilación voluntaria de miles de servidores públicos.
— UNE NACIONAL (@UNENACIONAL) June 30, 2025
❌ Impide que docentes, médicos, enfermeras y otros… pic.twitter.com/334NHgxkEc
Desde la organización se indicó que se está violentando un derecho adquirido y se pone en riesgo la estabilidad laboral de miles de trabajadores del sector público.
Desde la UNE no se descartaron acciones de protesta y diálogo con otras organizaciones para defender los derechos de los trabajadores del sector público. De hecho, ya indicaron que habrá movilizaciones para el 11 de julio de 2025.
El gremio insistió en el pedido a la Corte Constitucional para que declare la inconstitucionalidad de la ley y se restituyan los derechos laborales.
El Pleno de la Asamblea aprobó la noche del martes, 24 de junio de 2025, el proyecto de Ley de Integridad Pública, con el informe para el segundo debate presentado por la Comisión de Desarrollo Económico y una moción con nuevos textos.
El presidente Daniel Noboa presentó la iniciativa legal como urgente en materia económica, es la segunda ley de este tipo, después de la Ley de Solidaridad Nacional contra la economía criminal.
En la norma se incluyen temas adicionales, como el incremento de penas para menores de edad.