El juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, los vocales Ruth Barreno, Juan José Morillo, y la expresidenta de este organismo, María del Carmen Maldonado, arrancó en el Pleno de la Asamblea este miércoles 31 de agosto.
La sesión se instaló pasadas las 19:00, con la presencia de 128 legisladores.
Se trata de un proceso que impulsa el correísmo con el auspicio del Partido Social Cristiano (PSC). A los funcionarios se los acusa de incumplimiento de funciones en el ente encargado de la administración y disciplina de jueces y fiscales.
Según el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (Ind.), el procedimiento tomaría entre 15 y 20 horas. Al final, una eventual censura y destitución dependerá de 92 votos.
Antes del debate, el Pleno recibirá las pruebas de cargo y de descargo.
El socialcristiano Luis Almeida se sumará Viviana Veloz, del correísmo, como interpelante. El proceso se basa en un supuesto incumplimiento de funciones de las autoridades de la Judicatura en la evaluación y remoción de jueces de la Corte Nacional de Justicia, en 2019.
Tanto Almeida como Veloz tendrán una ahora cada uno para presentar sus argumentos. Los interpelados disponen de máximo tres horas cada uno para sus descargos. Antes del debate, tendrán opción a réplica por una hora.
Posturas de las bancadas
De las cinco bancadas de la Asamblea, tres ya tienen una postura definida: el correísmo y el PSC que controlan 62 curules están a favor, el oficialismo -que agrupa a 27 legisladores- está en contra.
En los bloques de Pachakutik (PK) y la Izquierda Democrática (ID) -que cuentan con 41 asambleístas– hay posturas divididas, e incluso entre los disidentes de estas bancadas que suelen votar con el correísmo.
Los interpelantes creen que obtendrán más de los 92 votos que se requieren, pero el coordinador de bloque del oficialismo, Juan Fernando Flores, ve improbable que eso se concrete.
Flores argumentó que varios de los 87 asambleístas que votaron a favor de que el juicio político continúe, no estarían a favor de la destitución. “Consideremos que la votación final quedará por mucho menos de los 80 asambleístas”, aseguró.
La recomendación del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Ind.), de que este proceso fuese archivado, no tuvo acogida.
La votación se daría entre la noche del jueves o madrugada del viernes. Si se produce la censura, los funcionarios dejarán sus puestos inmediatamente y no podrán volver a ejercer cargos públicos por dos años.