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El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó este martes 27 de octubre de 2026 a los jueces Silvana Velasco, Byron Uzcátegui y Wiler Chóez, quienes conocieron el caso Goleada, una investigación por presunta delincuencia organizada en la que figura el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
La decisión contó con cinco votos a favor. Los magistrados integraban la sala especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Durante el proceso judicial, los jueces revocaron la prisión preventiva contra Álvarez y otros procesados en esta causa.
La destitución responde a un proceso disciplinario por una presunta infracción de error inexcusable. La Judicatura centró su decisión en las actuaciones de los jueces al resolver la apelación contra la prisión preventiva.
La Subdirección Nacional de Control Disciplinario de la Judicatura inició el procedimiento contra los tres magistrados por considerar que su actuación pudo incurrir en error inexcusable.
Según los argumentos expuestos durante la sesión, los jueces excedieron el objeto del recurso de apelación. Al analizar la medida cautelar, emitieron valoraciones sobre la tipicidad de la conducta, la existencia del delito y la estructura de la presunta organización criminal.
La resolución disciplinaria sostiene que ese análisis correspondía a otras etapas del proceso penal. Por ello, cuestionó que el tribunal utilizara la revisión de la prisión preventiva como una fase para valorar aspectos sustantivos de la imputación fiscal.
Durante la sesión del Consejo de la Judicatura, los integrantes conocieron una declaratoria jurisdiccional del 8 de junio de 2026. Los conjueces Manuel Cabrera y Julio Inga aprobaron ese pronunciamiento, mientras el magistrado Javier de la Cadena emitió un voto salvado.
La declaratoria determinó la existencia de error inexcusable en la actuación de los jueces. Este criterio sustentó el procedimiento disciplinario que culminó con la decisión de destitución.
El organismo aclaró que la infracción no radicó en la revocatoria de la prisión preventiva como tal, sino en las valoraciones que los magistrados incorporaron al resolver la apelación.
La resolución del pleno también dispone que la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura comunique al Ministerio del Trabajo la inhabilidad de los tres jueces para ejercer puestos públicos.
La medida representa una consecuencia adicional a la separación de sus funciones judiciales y forma parte de las disposiciones adoptadas por el organismo disciplinario.
A finales de julio de 2026, el Consejo de la Judicatura suspendió a los tres magistrados por un periodo de hasta 90 días, sin remuneración, mientras avanzaba el procedimiento disciplinario.
El caso Goleada investiga una presunta estructura de delincuencia organizada en la que figura el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto con otras personas procesadas.
Los tres jueces destituidos conocieron el recurso relacionado con la prisión preventiva de los investigados. La decisión disciplinaria del Consejo de la Judicatura se concentra en los límites de su actuación al revisar esa medida cautelar y en la valoración de aspectos propios del análisis de fondo de la causa penal.
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