El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso la reanudación de los plazos procesales, luego de aceptar la recusación presentada en contra del juez suplente Roosevelt Macario Cedeño López. La resolución fue adoptada el pasado 12 de marzo por el Pleno Jurisdiccional del organismo, permitiendo que la apelación en curso pueda ser resuelta.
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El proceso es un recurso de apelación presentado por Priscila Schettini y Angélica Porras contra una sentencia de primera instancia.
El juez electoral Fernando Muñoz Benítez dictó el fallo el 6 de junio de 2024. Determinó que ambas cometieron violencia política de género contra la fiscal general, Diana Salazar Méndez. Como sanción, les impuso multas y suspendió sus derechos de participación política.
La denuncia fue presentada por la fiscal Salazar tras una serie de declaraciones y publicaciones en redes sociales en las que, según el fallo, se buscaba afectar su imagen pública y profesional.
Además, el expediente señala que Schettini y Porras promovieron una audiencia en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) en junio de 2023, en la que se cuestionó la tesis de grado de la fiscal, acusándola de plagio. Posteriormente, la Universidad Central del Ecuador desmintió estas afirmaciones.
Incidentes procesales y suspensión del caso en la denuncia de Diana Salazar
Desde agosto de 2024, el trámite de la apelación estuvo suspendido debido a recusaciones y otros incidentes procesales.
Entre estos, destaca la recusación presentada por Schettini el 19 de agosto de 2024 contra el juez suplente Roosevelt Macario Cedeño López, lo que impidió que el Pleno del TCE avanzara en la resolución de la causa.
Finalmente, el 12 de marzo de 2025, el Pleno del TCE aceptó la recusación contra Cedeño. Con esta decisión, el juez sustanciador de la apelación, Joaquín Viteri Llanga, ordenó la reactivación de los plazos procesales y dispuso que la Secretaría General certifique a los jueces y conjueces habilitados para integrar el Pleno que deberá resolver la apelación.
Próximos pasos en el proceso
El TCE deberá resolver en última instancia si ratifica o modifica la sentencia de primera instancia. En el fallo original, el juez Muñoz sancionó a Schettini con una multa de 50 salarios básicos unificados.
Mientras que a Porras le impuso una multa de 30 salarios básicos, en su momento, 13 500 dólares y una suspensión de dos años.
Dado que Priscila Schettini es candidata a asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana (RC) y, según los resultados preliminares del CNE, habría obtenido una curul para el periodo 2025-2029, la decisión del TCE podría influir en su futuro político. Si se ratifica la sanción, no podría asumir el cargo de legisladora el próximo 14 de mayo.
