El exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Juan Esteban Guarderas, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. La acusación se dirige contra Augusto Verduga por presunta usurpación y simulación de funciones públicas y asociación ilícita.
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El documento expone presuntas irregularidades en la elaboración del informe que derivó en la destitución de Guarderas.
El proceso de destitución, que concluyó en diciembre de 2024, se basó en un informe aprobado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Según la denuncia, el documento no fue elaborado por un asesor acreditado, lo que afectaría la legalidad del procedimiento.
Denuncia ante la Fiscalía por parte de Juan Esteban Guarderas
Guarderas sostiene que Verduga no tenía la calidad de asesor dentro de la Comisión de Fiscalización. La participación del denunciado en la elaboración del informe podría configurar el delito de usurpación de funciones. La normativa vigente establece que los informes deben ser elaborados por funcionarios designados para esta tarea.
El exconsejero también alega que existió una posible asociación entre Verduga y miembros de la Comisión.
La supuesta coordinación habría permitido la elaboración del documento sin el cumplimiento de los requisitos legales. La Fiscalía evalúa si esta relación constituye un delito de asociación ilícita según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Además, la denuncia señala que la investigación de los hechos debe extenderse a la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Pamela Aguirre. Según el documento, también se debe indagar a los asesores responsables de la elaboración del informe que permitió la destitución de Guarderas. Se busca determinar el grado de participación de estos actores en el proceso.
Reacciones y procedimiento
Guarderas también solicitó la incorporación de pruebas como una publicación de un medio digital. El contenido de la nota señala que la Fiscalía abrió una investigación sobre la elaboración del informe.
El denunciante espera que las diligencias permitan establecer responsabilidades y determinar si existieron irregularidades en el proceso.
