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Registro Civil, INEC y médicos evidencian falta de información sobre la pandemia en juicio a Zevallos

Ante la Comisión también comparecieron representantes de médicos posgradistas. Foto: Twitter @AsambleaEcuador

Ante la Comisión también comparecieron representantes de médicos posgradistas. Foto: Twitter @AsambleaEcuador

Ante la Comisión también comparecieron representantes de médicos posgradistas. Foto: Twitter @AsambleaEcuador

La Comisión de Fiscalización recibió información del Registro Civil, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y de médicos y especialistas, como parte de la fase de pruebas para el trámite del juicio político en contra del exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.

Las comparecencias se dieron en dos jornadas vía telemática este viernes 9 de abril del 2021. Zevallos será convocado para que presente sus descargos el miércoles 14.

El director ejecutivo del INEC, Víctor Hugo Bucheli, manifestó que esta entidad prevé hasta julio o agosto próximo publicar un anuario estadístico sobre las defunciones ocurridas el año pasado.

El funcionario mencionó que las causas deben pasar por una revisión, acorde a clasificaciones internacionales, pero que ha habido “contratiempos” y falta de “retroalimentación” por parte del Ministerio de Salud, al punto de que hasta ahora hay un 0% de avance.

Por su lado, el director general del Registro Civil, Rodrigo Avilés, informó que entre marzo y diciembre de 2019 se registraron 61 175 personas fallecidas, mientras que en igual período del 2020 hubo 102 219 fallecidos, lo que supone un incremento del 45% de muertes.

Sin embargo, Avilés precisó que, si bien la entidad lleva las estadísticas de las personas fallecidas, no tiene a detalle la causa de la defunción.

El médico Enrique Terán acudió con una investigación propia y habló de supuestas deficiencias en el registro de las vacunas contra el covid-19, por parte del Ministerio de Salud.

“No hay forma de saber a quién se le ha aplicado vacuna de Pfizer, de Sinovac, de Astrazeneca”, manifestó.

Calificó como una mentira el argumento del exministro Zevallos de que no se podía entregar información sobre los vacunados VIP por temas de confidencialidad. El especialista enfatizó que el sigilo aplica “a los datos de la historia clínica y del registro de salud, de la enfermedad de un paciente”.

“La vacunación es preventiva. Bajo ningún concepto identifica al individuo sano del enfermo, por lo tanto, con ese engaño vamos al tercer ministro, que vamos a ver si es que es capaz de transparentar una información básica o fundamental”, acotó.

Anotó que las primeras 8 190 vacunas llegaron a Ecuador, cuando Pfizer contemplaba que se podían emplear 5 dosis por cada frasco, pero que al día siguiente hubo un ajuste de la farmacéutica y determinó que se podían sacar 6 dosis por cada frasco.

“Eso significa que quedaron flotando en el aire 1 630 dosis, que nadie sabe ni ha querido explicar en dónde están”, añadió Terán.

En eso concordó Inti Quevedo, exviceministra de Gobernanza y Vigilancia de la Salud. “No sabemos, no tenemos idea cómo se está registrando, cómo se está vigilando, qué está pasando con cada frasco, dónde está, quién está a cargo, qué pasa, en qué vehículo se transporta, en qué provincia, a qué oficinas, bodegas, llegan”.

Quevedo manifestó que la vacuna de Pfizer “es la más difícil para el contexto ecuatoriano porque requiere congelación de menos de 70 grados” y los equipos con los que dispone la red de salud pública oscilan entre los 4 a 8 grados centígrados.

Ante la Comisión también comparecieron hoy representantes de médicos posgradistas, técnicos de atención primaria de salud y profesionales del Seguro Social Campesino, quienes aseguraron que Zevallos demostró negligencia en el manejo de la pandemia, lo cual derivó en el alto número de contagios y muertes en exceso registradas en el país

Diego Beltrán, asesor legal de los Médicos Posgradistas y Devengantes, y Paola Pérez, vicepresidenta de la Asociación de Posgradistas, coincidieron en que el exfuncionario, no solo que atentó contra los derechos de los profesionales de la salud al obligar a atender casos covid sin los implementos de bioseguridad, sino que incumplió la Ley de Apoyo Humanitario, al negarles el derecho a la estabilidad dispuesta en su artículo 25.

Paola Pérez subrayó que, hasta esta fecha, muchos de los médicos posgradistas han sido excluidos del proceso de vacunación del personal de primera línea, ya que no se los considera como parte de los profesionales de salud. Además, denunció el caso de algunos que no reciben sus remuneraciones desde hace dos años.

Uno de los testimonios más duros fue el de Jenny Sangurima, otra profesional, quien relató que de los 12 miembros de la familia se contagiaron y afrontaron peripecias para conseguir medicinas. Señaló que su padre, quien era un hombre sano y fuerte, murió hace un año, después de que tuvieron dificultades para encontrar un hospital para que sea atendido.