El Gobierno y las organizaciones indígenas evalúan, por separado, el cumplimiento del acuerdo de 218 puntos que puso fin al paro de junio del 2022.
El flamante ministro de Gobierno, Henry Cucalón, recibió el “Informe de situación: Mesas de Diálogo con las organizaciones de pueblos y nacionalidades”. El funcionario requirió este balance a menos de una semana de asumir el cargo.
Los avances
En el documento se detalla que 48 acuerdos han sido cumplidos y 153 se hallan en fase de cumplimiento. Nueve tienen retraso, seis requieren articulación con otras instituciones del Estado y dos se encuentran en observación.
Según el Gobierno, las mesas que han consolidado avances conforme el cronograma de seguimiento son: Banca Pública y Privada, Fomento Productivo. También Derechos Colectivos, Acceso a la Salud, Educación Superior y Focalización de Subsidios.
“Yo soy un férreo adversario del simplismo, decir: todo está bien o todo está mal”, dijo Cucalón a EL COMERCIO el 16 de febrero del 2023. Cuestionó que “algunas personas quieran ir creando un escenario (de que no se han cumplido) para ver qué es lo que pasa”.
El Ministro de Gobierno aseguró que ve con optimismo el futuro de los acuerdos y dijo que el panorama “no es tan fatalista como lo quieren poner algunos”.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), de su lado, prevé realizar un consejo ampliado este viernes 24 de febrero, a las 9:00, en la sede de la Casa de la Cultura en Quito. El objetivo, según la convocatoria, será “analizar la situación del país y tomar decisiones colectivas”.
Consignas de Conaie
El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, calificó como una “coincidencia” que este acto se realice de forma paralela a la investigación que adelanta la Asamblea en contra del Gobierno de Guillermo Lasso por supuesta corrupción en empresas públicas.
“Vamos a evaluar pero también vamos a tomar una postura concreta frente a la crisis política, frente a la crisis de legitimidad y crisis social que vive este país”, señaló en una entrevista difundida por la organización indígena.
Iza aseguró que esta evaluación se decidió el 18 de noviembre pasado en una asamblea de la Conaie. “Por lo menos hemos logrado parar esta tragedia de la economía de los ecuatorianos”, sostuvo.
El dirigente respaldó la investigación al Gobierno, que está a cargo de una comisión liderada por el correísmo y sus aliados. A su vez, no descartó “exigir” un juicio político en contra de la fiscal General, Diana Salazar, al considerar que no aplica la justicia a todos por igual.
Iza, sin precisar detalles, aseveró que enfrenta un nuevo proceso judicial. Aunque la investigación previa por paralización de servicio público, relacionada con el paro de junio del 2022, fue archivada en agosto pasado por falta de elementos para formular cargos.
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