La posible desaparición del Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) y la autorregulación de los medios son los nudos críticos en el análisis del proyecto de Ley de Libertad de Expresión que impulsa el Ejecutivo.
Así se evidenció en la Comisión de Relaciones Internacionales, en donde se prepara el informe para el primer debate del Pleno, durante la sesión de este miércoles 14 de julio de 2021.
Las posturas más críticas provienen de asambleístas del correísmo como Mónica Palacios, Marcela Holguín y Fernando Cedeño, quienes al igual que Marjorie Chávez, del PSC, remarcaron que no cabe eliminar el Cordicom porque fue producto de la consulta popular de 2011.
La presidenta de este organismo, Jeannine Cruz, durante su comparecencia, sostuvo que la eliminación o no de esta institución es una potestad que tienen los asambleístas, lo que fue criticado por los legisladores de oposición.
Cruz invocó un dictamen de la Corte Constitucional de 2011, cuando calificó las preguntas de la consulta popular. Allí el juez Roberto Brunis, dijo, al fundamentar la constitucionalidad “únicamente hace referencia a la necesidad de regular la actividad de los medios de comunicación, pero nunca establece las razones de esa institución”.
“Por lo tanto, la eliminación del Consejo de Comunicación, primero, es posible porque la obligación que el pueblo ya estableció con la creación del Consejo ya fue cumplida por la Asamblea en el 2011 y en el 2019 con la reforma, por lo que el mantener o no a esa institución es atribuciones de ustedes como Función Legislativa”, expresó.
Chávez replicó que “no se puede utilizar un dictamen previo de constitucionalidad para justificar lo que manifiestamente ya se resolvió en una consulta popular”.
Cruz sugirió que la nueva ley se debe enfocar en tres temas: el reforzamiento de la norma internacional en materia de libertad de expresión, la autorregulación desde la responsabilidad ulterior y garantías para el acceso a la información.
La funcionaria refirió que entre el 31 de diciembre de 2020 hasta el 18 de abril de 2021 se dieron 56 agresiones a la prensa, de las cuales 47 fueron contra periodistas y 9 a medios de comunicación.
Detalló que 3 de ellas fueron agresiones físicas, 6 amenazas, 1 asesinato, 1 atentado, 5 censuras, 10 casos de ciberacoso, 2 de estigmatización, 3 hostigamiento judicial, 5 hostigamiento laboral, y 17 en obstrucción del trabajo periodístico.
Los asambleístas Cedeño y Palacios criticaron a la funcionaria por no referirse también al caso de un periodista que viajó hasta Bélgica para “agredir” al expresidente Rafael Correa o a lo sucedido con Leonidas Iza, presidente de la Conaie, en un canal de televisión. De allí que insistieron en que la regulación debe realizarse desde el Estado.
La funcionaria tuvo un escenario parecido al que enfrentó el lunes pasado, en su comparecencia, el secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla, quien sostuvo que “la idea es devolver, no solo a los comunicadores y a la prensa, sino a los ciudadanos, la capacidad de juzgar lo que es veraz, y lo que es oportuno o no y no una autoridad o un ente político”.
A la Comisión también debían comparecer hoy autoridades de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, pero se excusaron. El presidente de la mesa, Juan Fernando Flores (Creo), aseguró que se ampliará el debate con organizaciones de la sociedad civil.
