Un sorpresivo giro tomó ayer el caso de la Cervecería Nacional, luego de que se conociera que la Fiscalía General del Estado iniciara, el pasado 5 de noviembre, una instrucción fiscal sobre cuatro sospechosos de delito (soborno), en el caso de la compañía, que se disputa desde el 2008.
Así, el fiscal subrogante, César Morales anunció el inicio de la instrucción fiscal contra el presidente de la Corte Constitucional (CC), Patricio Pazmiño; el representante legal de la CerveceríaNacional, Roberto Jarrín y los hermanos Alfredo y Arturo Larrea, ex funcionarios de la CC.
El escándalo estalló en febrero de este año, cuando el asambleísta Galo Lara, denunció y mostró cheques por USD 1,05 millones de presuntos pagos al hermano (Alfredo) del entonces secretario de la Corte, Arturo Larrea Jijón.
Según la denuncia del legislador, ese dinero entregado por la compañía cervecera estaba destinado a que Larrea Jijón tramitara internamente en la Corte fallos favorables dentro del juicio que mantenía con ex empleados.
Desde el 2008, unos 1 200 ex trabajadores de la Cervecería exigían el pago de utilidades correspondientes al período comprendido entre 1990 y el 2005. Ése valor ascendía a USD 91 millones, pero ahora los ex trabajadores estiman que supera los USD 400 millones al sumar los intereses.
Tras una larga y confusa disputa en los tribunales, en distintas salas, el juicio finalmente llegó a la Corte Constitucional para su decisión final. Sin embargo, hasta ahora no se ha resuelto.
Y en ese escenario, la Fiscalía pidió ayer a la Corte Nacional de Justicia que fije hora y fecha para realizar la audiencia de formulación de cargos, en contra de Pazmiño y los otros involucrados.
“Una vez publicados los actos investigados en la etapa procesal de indagación previa, esta Fiscalía considera que al tenor de lo establecido en el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal, se han reunido los requisitos suficientes que nos permiten presumir la existencia de un delito contra la Administración Pública, por lo que he resuelto dar inicio a la etapa de instrucción fiscal”, señaló parte del comunicado emitido por el fiscal Morales.
El 4 de febrero de este año, la Fiscalía inició la indagación previa en torno a las notas de prensa publicadas en varios medios de comunicación y la denuncia presentada por el asambleísta Lara.
Ahora, la Corte Nacional de Justicia en Pleno deberá fijar la fecha para la audiencia de formulación de cargos, según establece la Ley Orgánica de la Función Judicial y un reglamento interno de la Corte. Esta diligencia se realizará ante los 21 magistrados.
Sobre este proceso, la Corte Constitucional, señaló que su titular no se pronunciará por el momento, porque él desconoce de la providencia. Solamente se aclaró que ese es un tema que se trata en el sistema judicial, por lo que la Corte no interferirá en el caso.
Algo similar señaló la Cervecería Nacional, mediante un comunicado de prensa. “La compañía no ha sido notificada hasta la presente fecha con esta providencia. En caso que sea confirmada esta información, la empresa actuará en estricto apego a lo establecido en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, ejerciendo los derechos que le concede la ley para demostrar su correcto actuar en este como en todos sus actos”.
Además, argumentó que “ha explicado clara y plenamente su actuación transparente (…)”.
Mientras que Alfredo Larrea, hasta el cierre de esta edición, se encontraba en una reunión, según informó tras la llamada de este Diario a su teléfono celular.
El asambleísta Kléver Jiménez (Pachakutik) dijo que la Fiscalía acertó al iniciar el proceso de manera formal luego de 10 meses. “Ojalá los miembros de la Corte actúen de manera independiente, así sea el Presidente de la Corte Constitucional el involucrado”. En este marco, criticó que el Gobierno desee quitar la inmunidad a Galo Lara y sostiene que existe la pretensión de “callar las voces críticas de los legisladores”.
Las fechas claves dentro del largo caso tratado en las cortes del país
Julio 2008
Un grupo de ex trabajadores de la Cervecería Nacional demanda a la compañía ante la Dirección del Trabajo de Guayaquil por el no pago de utilidades entre 1990 y el 2005.
Diciembre 2010
La jueza novena de la Niñez y la Familia, Deysi Aveiga, ordena la aplicación de medidas cautelares y el cierre de operaciones de la firma.
4 febrero 2011
El asambleísta Galo Lara denuncia un supuesto soborno de la firma por USD 1,05 millones a Alfredo Larrea Jijón, hermano del secretario de la Corte Constitucional. El escándalo se destapa y la litis se amplía.
Agosto 2011
Después de varios meses de demandas y apelaciones, el caso de la Cervecería llega a manos de la Corte Constitucional, liderada por Patricio Pazmiño (foto). El proceso está estancado dentro de la Corte.
