La fiscal General del Estado, Diana Salazar, informó que se han requerido 315 pedidos de información a distintas entidades, 51 versiones y 12 allanamientos. Esto como parte de la indagación previa sobre el caso Encuentro.
Salazar entregó esta información a la Comisión ocasional de la Asamblea que investiga una supuesta trama de corrupción en empresas públicas, este viernes 10 de febrero del 2023.
Señaló que la investigación arrancó el 9 de enero del 2023 con base en una ‘notitia criminis’, tras la filtración de audios que involucrarían al exgerente de la empresa coordinadora de Empresas Públicas (Emco), Hernán Luque.
3 delitos se investigan
Salazar precisó que se investigan tres delitos relacionados con esta causa: delincuencia organizada, cohecho y concusión. “Esta clase de delitos son imprescriptibles, y además se pueden juzgar en ausencia”, aseguró.
La Fiscal General precisó que no se puede establecer un tiempo para la indagación previa, pero dijo que en el último mes se han realizado 14 impulsos fiscales y varias diligencias investigativas.
Salazar destacó que se han realizado 12 allanamientos a distintos inmuebles e instituciones públicas como la Procuraduría General del Estado.
Además, se han realizado 315 solicitudes de requerimiento de información a varias entidades del Estado. “Lo que necesitamos ahora es el compromiso de las entidades encargadas de entregar la información para que la Fiscalía pueda fortalecer la investigación y llegar a las conclusiones que ameriten”.
Las diligencias también incluyen 51 señalamientos de versiones, de los cuales se han receptado 14 y se solicitaron 7 autorizaciones judiciales para incautaciones y allanamientos, anotó.
Acusaciones
Asambleístas de la oposición reclamaron a la Fiscal General que estas diligencias se apliquen a Danilo Carrera, cuñado del Presidente de la República, aunque él ha negado su participación en esta trama.
Salazar respondió que, durante esta fase investigativa, la Fiscalía investiga hechos. Y que una vez que se acopian los suficientes elementos de convicción se realiza un análisis para llegar a establecer la presunta participación de ciudadanos.
En ese sentido no podemos adelantar un criterio de que si una persona es investigada o no porque estaríamos violentando el debido proceso, acotó. Además, precisó que el plan de investigación de la Fiscalía parte de los funcionarios públicos y no civiles.
Declaraciones y exhortos
Salazar aclaró que, en el caso de Mauricio Guim, exsubsecretario de Desarrollo Normativo, “no se lo detuvo, se lo llamó a comparecer para que entregue información”.
“Sobre los otros ciudadanos se están realizando actividades investigativas para conocer si estamos en condiciones o no de presentar una acusación formal”, anotó.
“Todavía no tenemos suficientes elementos que nos permitan deducir una imputación en contra de persona alguna para solicitar medidas cautelares, que únicamente están en el marco de un juicio, de una instrucción fiscal”, insistió.
La Fiscal General también reconoció que recibió en su despacho al exsecretario de la Administración, Iván Correa, y al secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, quienes se pusieron a disposición de las investigaciones a nombre del Ejecutivo.
Por último, Salazar aclaró que los allanamientos que se dieron este día en la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia de la República y Petroecuador no se dieron por el caso Encuentro, sino por otra investigación que arrancó en agosto del 2022 por un parte policial sobre presuntos actos de corrupción en la estatal petrolera.
Tras la comparecencia de Salazar, la Comisión aprobó una moción de su vicepresidenta, Mireya Pazmiño (PK), para que exhorte a la Fiscal “a evitar la inminente fuga” de Fabián Pozo, Ítalo Cedeño, Aparicio Caicedo, Marcos Miranda, entre otros, por el caso Encuentro.
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