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La Fiscalía General del Estado instaló la audiencia preparatoria de juicio en el denominado Caso Ligados. El proceso se desarrolla contra siete personas investigadas por el presunto delito de asociación ilícita. El fiscal General subrogante, Leonardo Alarcón, participó en la diligencia, que busca definir la validez del proceso antes de avanzar a la siguiente fase.
Durante la jornada, la jueza nacional que conoce la causa evaluó los pedidos de nulidad planteados por las defensas. Tras analizarlos, los rechazó y declaró la validez de todo lo actuado. Con esta decisión, la Fiscalía inició la fundamentación de su dictamen acusatorio, paso clave dentro del trámite judicial.
La magistrada descartó los cuestionamientos de las defensas y ratificó que el proceso cumple con los requisitos legales. Esta resolución permitió que la Fiscalía continúe con la exposición de los argumentos que sustentan la acusación contra los siete procesados.
Según la investigación, entre noviembre de 2024 y enero de 2025, los implicados habrían ejecutado acciones orientadas a controlar instituciones del Estado. Este señalamiento forma parte del eje central del caso y sustenta la hipótesis de asociación ilícita que impulsa el Ministerio Público.
Alarcón presentó su dictamen acusatorio dentro del caso Liga2 y señaló a siete procesados como autores directos del delito de asociación ilícita, conforme al artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal.
Durante la audiencia, explicó que la investigación apunta a una supuesta planificación para incidir en entidades clave del Estado. Entre los espacios mencionados constan la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura, que, según la Fiscalía, formaban parte de una estrategia vinculada al movimiento Revolución Ciudadana.
Ante la jueza Daniella Camacho, Alarcón sostuvo que el caso refleja un proceso de cooptación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Indicó que este mecanismo habría respondido a intereses políticos orientados a concentrar poder institucional.
La diligencia se instaló este miércoles 18 de marzo de 2026 en la Corte Nacional de Justicia. Antes de escuchar la exposición fiscal, la jueza Daniella Camacho resolvió sobre la validez de lo actuado y afirmó que no existen vicios que afecten el procedimiento ni el debido proceso.
Con esa decisión, la Fiscalía avanzó hacia la individualización de los siete procesados y detalló los hechos investigados. Con estos elementos, el fiscal busca que se emita un llamado a juicio dentro de esta causa.
La jueza suspendió la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio y fijó su reinstalación para el día siguiente a las 09:00. En la próxima jornada, la Fiscalía continuará con la fundamentación de su dictamen acusatorio.
El Caso Ligados incluye una investigación contra exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Fiscalía sostiene que los procesados habrían incurrido en asociación ilícita en varios hechos. Entre ellos consta la designación irregular de Raúl G. como superintendente de Bancos para el período 2022-2027. Esta decisión se habría tomado sin acatar un dictamen de la Corte Constitucional emitido en diciembre de 2024.
Los procesados del caso son Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor, Nicole Bonifaz, Andrés Arauz, Raúl González y la exasambleísta de la RC Esther Cuesta.
#CasoLigados | Entre noviembre de 2024 y enero de 2025, los procesados habrían ejecutado acciones encaminadas a controlar instituciones del Estado.
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 18, 2026
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