América Latina se recuperó más rápidamente de la crisis económica que otras regiones del mundo y llevó a cabo una efectiva lucha contra la erradicación de la pobreza, pero no logró grandes avances en lo que a desarrollo democrático se refiere, según constata un informe divulgado hoy en Berlín.
“La recuperación de índices económicos y sociales no estuvo acompañada por una mejora en los indicadores de democracia para los ciudadanos, ni en la calidad institucional, que son pilares fundamentales del desarrollo democrático” indicó la Fundación Konrad Adenauer (KAS), cercana a la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller Angela Merkel, en la publicación de su Índice de Democracia en Latinoamérica 2011. El barómetro 2011 “no es portador de buenas noticias”, se agregó.
“Pese a los avances, persiste una profunda desigualdad, de ingresos, de género, territorial y étnica. Por otra parte, los avances en términos de democracia electoral no han significado una mejora en la calidad de la democracia”. Como en años anteriores, los países que mejor nota obtuvieron en la valoración de sus estructuras democráticas fueron Chile, Uruguay y Costa Rica.
Los últimos puestos los ocupan Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Guatemala. Perú, – que ha venido mejorando en los últimos siete años -, Panamá, Argentina, México y Brasil integran el bloque de los países de “desarrollo medio” y el resto,- Colombia, Paraguay, El Salvador, Bolivia, Honduras y República Dominicana-, presentan bajo o mínimo desarrollo democrático. La KAS consideró que la falta de seguridad y el narcotráfico representan las mayores amenazas para la democracia en Latinoamérica y en ese sentido, instó a “atacar (esos problemas) con eficacia y con todas las armas disponibles en la democracia”.
Pese a los persistentes problemas, la KAS recalcó que no todo son malas noticias: “América Latina se ha destacado por sus programas exitosos de transferencias condicionadas, que han ayudado a combatir la pobreza. Ha caído levemente la desigualdad y la región se ha recuperado de la crisis económica de fines de 2008 más rápido que otras regiones”.
Además, superada la crisis en Honduras, “ninguno de los países ha vivido en este periodo quiebres institucionales que pongan en riesgo la democracia, aunque Ecuador sufrió situaciones institucionales traumáticas”.
Según la entidad, los logros son especialmente grandes en algunos países: “la despersonalización del poder y liderazgo democrático han sido el signo distintivo de las últimas elecciones en Brasil, Uruguay y Chile”.
La KAS, que elabora ese índice desde hace 10 años en colaboración con con polilat.com, de Argentina, destacó que dos países “pueden servir de modelo para otros líderes políticos de la región”.
“La democracia con sus instituciones y la política como instrumento de desarrollo, no son propiedad ni patrimonio exclusivo de persona ni partido alguno, aunque ésa parece una lección no aprendida por la mayoría de los dirigentes que acceden al poder en los países latinoamericanos”, apuntó la fundación conservadora.
“Retirarse del poder en los tiempos constitucionales establecidos es la mejor garantía de popularidad y respeto, sin embargo, buena parte de nuestros líderes encuentran en la etapa final de sus mandatos, imperiosas y urgentes razones que les obligan a torcer leyes y forzar mecanismos institucionales y políticos para asegurar la continuidad de su poder”, se denunció.
Según la KAS, esa “anomalía institucional, como producto de una cultura basada en el caudillaje político”, se ha convertido en un factor endémico de la democracia de varios países latinoamericanos, “cuestión que va de la mano con el déficit histórico de construcción de ciudadanía”.
La institución concluye advirtiendo que el desafío del desarrollo democrático latinoamericano continúa a la espera de dirigencias que ejerzan liderazgos democráticos, “centrados en la transparencia y el respeto a las instituciones, pero también de ciudadanos que participen comprometida y honestamente en la construcción del bien común”.
Para llevar a cabo su estudio, la KAS analizó la situación en 18 países de América Latina atendiendo especialmente a factores como las bases democráticas, el cumplimiento de los derechos políticos y libertades ciudadanas, la calidad de las instituciones y la capacidad del gobierno y de las instituciones para lograr el bienestar y el crecimiento.