
Las leyes aprobadas por el oficialismo bajo el régimen de Daniel Noboa enfrentan crecientes cuestionamientos jurídicos. A la fecha, acumulan 38 demandas de inconstitucionalidad, pero fue la admisión de tres de ellas lo que generó una reacción airada desde el Ejecutivo y la Asamblea Nacional.
La Constitución, sin embargo, establece en su artículo 436 que la Corte debe “conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad” contra normas de carácter general emitidas por el Estado. Por tanto, la actuación del tribunal responde a una competencia directa.
La Sala de Admisiones de la Corte revisó las causas 57-25-IN, 60-25-IN y 86-25-IN, y concluyó que cumplían con los requisitos legales del artículo 84 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Por eso no solo admitió su trámite, sino que aceptó suspender 17 artículos de forma provisional, conforme al artículo 79 de esa misma norma.
| Ley | Artículos suspendidos |
|---|---|
| Solidaridad Nacional | 6, 9, 13 y 14 |
| Integridad Pública | Disposición Transitoria Décima Primera |
| Inteligencia | 5, 13, 22, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 52 y 55 |
La Corte justificó la suspensión temporal al identificar “efectos concretos, inminentes y graves” en la posible aplicación de los artículos cuestionados. En el caso de la Ley de Solidaridad Nacional, se señalaron riesgos para la independencia judicial, el principio de legalidad, los derechos de víctimas y familiares, así como para el acceso a la justicia.
Uno de los artículos suspendidos incluye la definición de grupos armados organizados y objetivos militares, que podría afectar gravemente a la población civil. También se cuestionó el indulto anticipado que habilita el Gobierno, por su potencial de impunidad frente a violaciones graves de derechos humanos.
En cuanto a la Ley de Inteligencia, la suspensión alcanza artículos que permitirían, entre otras prácticas:
Para la Sala, estas disposiciones representan un “riesgo de afectación inminente y posiblemente irreversible” a derechos como la intimidad, la protección de datos personales, la inviolabilidad de la correspondencia y el acceso a la información pública.
Presidente Daniel Noboa anuncia que protestará rumbo a la Corte Constitucional https://t.co/IaEzzjhKyy pic.twitter.com/J6Q9MAxd4a
— El Comercio (@elcomerciocom) August 6, 2025
Tras admitir las demandas, la Corte dispuso:
Una vez designado el juez ponente, se convocará a una audiencia. El Ejecutivo y el Legislativo deberán justificar por qué estas normas no afectan derechos fundamentales ni principios del sistema democrático.