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Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, estaba convocado para las 11:00 este lunes 5 de enero de 2026 al Pleno de la Asamblea Nacional, sin embargo, hasta las 12:00 no acudía. La comparecencia responde a una resolución legislativa que lo convocó luego de las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien presentó su renuncia tras alertar sobre amenazas y presiones en un proceso judicial por lavado de activos vinculado a narcotráfico.
La sesión extraordinaria del Pleno empezó a las 10:00. La Asamblea fijó la fecha después de aprobar una resolución que dispuso la comparecencia de Mario Godoy en un plazo máximo de ocho días.
Para preparar su intervención, el titular del Consejo de la Judicatura solicitó licencia desde el viernes hasta el domingo anteriores a la sesión.
El objetivo de la convocatoria consiste en que Godoy aclare la polémica relacionada con el manejo de un proceso judicial que derivó en la renuncia del juez Serrano y que generó cuestionamientos sobre presiones internas dentro del sistema judicial.
La sesión del Pleno se instaló casi una hora después de lo previsto. El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, dio paso a un pedido para modificar la agenda, planteado por la legisladora de ADN, Lucía Jaramillo.
La moción buscó aprobar una resolución sobre Venezuela, tanto para exponer las consecuencias de la dictadura de Nicolás Maduro como para expresar respaldo al líder opositor Edmundo González Urrutia.
El cambio del orden del día se aprobó con 79 votos de ADN y 59 votos en contra de la bancada de la Revolución Ciudadana.
Aunque Olsen dispuso que este tema se tratara como el tercer punto del orden del día, el Pleno lo abordó antes de la comparecencia de Mario Godoy, quien pasadas las 11:00 aún no llegaba a la Asamblea.
Tras el debate en el que participaron 11 asambleístas, el Pleno aprobó la propuesta de resolución.
El escándalo que rodea a Mario Godoy se originó por el caso Euro 2024. El 20 de noviembre de 2025 se dictó una sentencia condenatoria de 10 años de prisión contra el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, spor lavado de activos dentro del caso Euro 2024, que investiga vínculos con la mafia balcánica.
Durante una audiencia telemática realizada desde la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, el procesado realizó una señal de muerte dirigida a Serrano, integrante del tribunal que emitió la sentencia.
En ese caso, Serrano tuvo presiones internas para favorecer al procesado extranjero. Según las denuncias, un supuesto alto funcionario del Consejo de la Judicatura le pidió ‘poner atención’ en el caso de Srdan. El juez aseguró que grabó esa conversación y, el 4 de diciembre, presentó su renuncia al cargo.
El caso escaló hasta Mario Godoy, señalado por un supuesto conflicto de intereses, ya que la defensa de Srdan estuvo a cargo del estudio jurídico de Dolores Vintimilla, esposa del funcionario.
Aunque, ella indicó que dejó esa defensa en noviembre de 2024, cuando contrajo matrimonio con Godoy. El presidente de la Judicatura sostuvo que los señalamientos constituyen un ataque personal contra él y su familia.
Tanto Godoy como Vintimilla enfrentan una denuncia en la Fiscalía General del Estado por supuesta delincuencia organizada. La acción fue impulsada por los abogados Jorge Eduardo Moreno Ordóñez y Juan Francisco Morales.
La Comisión Nacional Anticorrupción emitió un llamado público para que los organismos de control actúen con independencia y sin presiones políticas.
El pronunciamiento señaló de forma directa al presidente del Consejo de la Judicatura y a varios ministros del régimen.
Según la Comisión, las autoridades no pueden quedar al margen de una investigación cuando existen cuestionamientos sobre su actuación y vínculos con hechos graves que han conmocionado al país.
El presidente de la Judicatura compareció en el Pleno de la Asamblea Nacional a las 12:40 de este 5 de enero de 2026.
Mario Godoy sostuvo que acudió a la Asamblea Nacional para “dar la cara ante tanta infamia”. Aseguró que existe un relato montado con un solo objetivo político en su contra y señaló que su intervención busca desmontar esa narrativa. Indicó que organizó su exposición en bloques temáticos para responder a cada señalamiento.
Godoy afirmó que su comparecencia no debía realizarse en la Asamblea Nacional. Señaló la necesidad de delimitar con claridad el marco de competencias del Consejo de la Judicatura, en especial sus límites constitucionales, para evitar interpretaciones erróneas sobre su actuación.
Godoy recalcó que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. Aclaró que no dicta sentencias, no resuelve causas jurisdiccionales, no determina responsabilidades judiciales y no emite ni modifica fallos.
Añadió que la Judicatura no investiga delitos, no califica conductas penales y no imputa responsabilidades penales.
Godoy sostuvo que el Consejo de la Judicatura no administra ni dispone directamente la seguridad policial de jueces ni de servidores judiciales. Indicó que esos esquemas corresponden a autoridades competentes, como el Ministerio del Interior y la Policía, con base en informes técnicos.
Precisó que la Judicatura puede solicitar, informar y dar seguimiento, pero no ordenar ni ejecutar medidas de protección policial por cuenta propia, ya que eso vulneraría la independencia de funciones. Detalló que, a escala nacional, 47 jueces cuentan con seguridad estatal y que 15 de los 19 jueces protegidos en Pichincha pertenecen a la Unidad Anticorrupción.
Godoy afirmó que el señalamiento sobre un supuesto retiro deliberado de seguridad a el juez Serrano constituye una farsa. Aseguró que en ningún momento se le quitó la protección y sostuvo que no existe un solo elemento fáctico ni documental que respalde esa versión.
Godoy indicó que el juez Serrano presentó una renuncia voluntaria e irrevocable el 4 de diciembre de 2025. Explicó que ese mismo día se activaron las actuaciones internas y que los informes administrativos quedaron listos al día siguiente para continuar el trámite conforme a la normativa interna.
Señaló que la renuncia de un juez no produce efectos automáticos y que su aceptación exige un análisis administrativo previo, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio judicial.
Godoy afirmó que la renuncia de el juez Serrano se relacionó con procesos judiciales en trámite, varios de alta complejidad. Mencionó dos casos de delincuencia organizada, uno de extorsión, uno de secuestro y uno de lavado de activos.
Añadió que en esas causas constan objetivos de alto valor, como alias “Comandante Carlitos” y alias “Negro Tulio”, vinculados a bandas narcodelictivas y grupos de delincuencia organizada.
Godoy calificó como una falacia la versión que sostiene que el juez Serrano fue obligado a integrar el tribunal del caso Triple A. Mostró el acta de sorteo del 24 de julio de 2025 y aseguró que el juez Serrano integró ese tribunal desde el primer momento.
Sostuvo que afirmar que se lo obligó a fallar a favor o en contra de un sujeto procesal forma parte de un “circo político” orientado a enjuiciarlo.
Godoy se refirió a un segundo hecho ocurrido el 11 de noviembre de 2025, relacionado con una investigación penal abierta a pedido suyo. Indicó que evitó profundizar en ese punto por respeto al proceso en curso.
Godoy afirmó que, en noviembre de 2025, los jueces Cristian Fierro y el juez Serrano dictaron sentencia oral y declararon la responsabilidad de un ciudadano serbio en un proceso por lavado de activos.
Godoy indicó que el 3 de diciembre de 2025 el juez Serrano solicitó seguridad y teletrabajo. Aseguró que esos pedidos se procesaron de inmediato por las áreas internas de la Judicatura.
Añadió que el 8 de diciembre se remitió un oficio al Ministerio del Interior para que se restituya la custodia policial al magistrado.
Godoy señaló que el 4 de diciembre de 2025 se hizo pública la suspensión por 90 días del juez Cristian Fierro, medida adoptada tras una denuncia presentada por la Fiscalía. Ese mismo día, el juez Serrano presentó su renuncia.
Afirmó que ambos jueces formaban parte del caso Triple A y sostuvo que ese hecho marcó el inicio de un “show” político en su contra.
Godoy indicó que el 12 de diciembre se autorizó el teletrabajo de el juez Serrano, con vigencia desde el 15 de diciembre hasta el 31 de marzo de 2026. Aseguró que esa autorización fue debidamente notificada.
Añadió que existe un oficio del 17 de diciembre en el que el juez Serrano comunicó que ese sería su último día de trabajo, pese a que la renuncia no recibió aceptación inmediata.
Godoy afirmó que hasta ahora no existen elementos en la Fiscalía que confirmen la existencia de los presuntos audios en los que Henry Gaibor habría presionado a el juez Serrano para fallar a favor de un narcotraficante serbio.
Señaló que fue él quien puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía, solicitó la renuncia del funcionario y pidió el inicio de acciones administrativas.
Godoy negó conflictos de intereses y aseguró que, desde el inicio de su administración, el Consejo de la Judicatura sancionó a 26 funcionarios judiciales por actos que, según dijo, lesionaron la institucionalidad.
Rechazó que su esposa haya ejercido la defensa del ciudadano serbio acusado de narcotráfico y afirmó que ella renunció antes del inicio del proceso penal. Lamentó que se los catalogue falsamente como “abogados de narcotraficantes” y sostuvo que se intenta manchar su trayectoria profesional y familiar.
Godoy cuestionó por qué el juez Serrano no presentó una denuncia en su momento y por qué otros actores optaron por pronunciamientos públicos en lugar de acudir a la Fiscalía.
Indicó que el despacho de causas de el juez Serrano presenta demoras que llaman la atención y planteó interrogantes sobre a quién benefician esas dilaciones.
Godoy mencionó el caso de una jueza en Esmeraldas que se jubiló durante la administración de Wilman T., sin respaldo documental, pese a mantener más de un centenar de sentencias pendientes que luego quedaron nulas.
Con ese ejemplo, cuestionó la falta de fiscalización legislativa y afirmó que la Asamblea protegió a Wilman T. de un juicio político.
Godoy agradeció la recomendación del presidente Daniel Noboa para que evalúe su renuncia. Señaló que analizará esa sugerencia, aunque afirmó que, tras los ataques recibidos, se mantiene defendiendo su gestión para evitar que, según dijo, “se tomen la justicia”.
También responsabilizó al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por su seguridad personal y aseguró que todas las acusaciones en su contra buscan impedir la instalación de la audiencia del caso Triple A.
Durante su intervención, Godoy no recibió preguntas.
Información externa: Qué es el Consejo Nacional de la Judicatura
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