La diplomacia, marcada por una agenda pendiente

El 2014 se presenta con una intensa agenda diplomática del Gobierno, en función de los objetivos planteados. El cambio de matriz productiva como prioridad nacional ha hecho que el campo comercial gane peso específico en la política exterior. De ahí que tengan especial trascendencia varios proyectos emprendidos, como la revisión de los tratados bilaterales de protección de inversiones, así como la suscripción de un acuerdo comercial con Europa.

En este escenario, el país necesita compaginar alianzas geopolíticas y la defensa de la soberanía con los intereses comerciales y económicos. De hecho, en el año que empieza el gobierno de Correa se presenta con un mayor protagonismo en la Alianza Bolivariana de las Américas (Alba), que tiene un discurso crítico con las potencias mundiales. Asimismo, ha fortalecido su acercamiento con Rusia y China, dos de los gigantes del orbe que son el contrapeso de EE.UU. y la Unión Europea.

A esto se suma el aparecimiento de nuevos actores externos que presionan al país, como la empresa Chevron y su campaña internacional contra el Estado, y temas pendientes como el asilo político de Julián Assange, creador de Wikileaks.

EE.UU. es clave y complicado

Conducir con la mayor fluidez posible la relación bilateral con EE.UU, el mayor socio comercial del país, es otro de los retos del Gobierno. El año que cerró concluyó con un segundo llamado a la Cancillería del embajador estadounidense, Adam Namm, por la cooperación de la CIA en el ataque a Angostura en 2008.

Las divergencias conceptuales en materia de geopolítica y derechos humanos, así como el reciente anuncio de la salida de Usaid para septiembre del 2014, configuran un escenario complejo.

Si bien el Presidente ha señalado que le interesa tener una relación de respeto mutuo en el marco de sus divergencias con Washington, en la práctica esas desavenencias han generado roces y la suspensión indefinida del diálogo político y comercial de alto nivel que ambos Estados pretendieron impulsar a partir del 2012. La posibilidad de retomar esos contactos podrían traducirse en la concreción de un acuerdo comercial marco, que garantice en mejores condiciones el ingreso de productos nacionales al mercado estadounidense.

Acuerdo con la Unión Europea

El Gobierno desea concretar un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE). Este convenio tiene especial importancia, ya que las preferencias arancelarias a productos nacionales expirarán el próximo año.

El presidente ha planteado el inicio del 2014 como la época óptima para suscribir el tratado y, de esta forma, estar en igualdad de condiciones que nuestros vecinos Colombia y Perú. Sin embargo, su cierre demandará un esfuerzo técnico en el área de la negociación comercial en temas sensibles, así como el apoyo político del Jefe de Estado a este proceso. De hecho, el propio Correa anticipó que el convenio no se lo cerrará a cualquier costo. "Vamos a negociar y a tratar de firmar un acuerdo con la Unión Europea, pero no a cualquier precio", dijo el Mandatario en uno de sus últimos enlaces del 2013.

Uno de los puntos sensibles en la negociación corresponde al de compras públicas. En esa área el Estado ecuatoriano invierte anualmente unos USD 5 000 millones en adquisiciones a pequeñas y medianas empresas ecuatorianas. De ahí que se ha planteado desde el oficialismo fijar algún tipo de protección para la industria nacional relacionada en este campo.

El desbloqueo del caso Julián Assange

Si el Gobierno ecuatoriano no encuentra una solución definitiva, la estadía de Julián Assange en la Embajada en Londres puede cumplir dos años en junio, en medio de diferentes hechos polémicos. Por ejemplo, el que hubiera participado en la extensión de un documento de viaje oficial al extécnico de la CIA, Edward Snowden, así como hacer campaña electoral desde la sede diplomática. De momento no hay en el escenario condiciones para llegar a un entendimiento con Reino Unido y Suecia para destrabar la situación jurídica del creador de Wikileaks.

Al finalizar el 2013, el canciller Ricardo Patiño lamentó que Londres no nombrara a los integrantes de una comisión jurídica para encontrar una solución. La postura ecuatoriana es que el Gobierno británico debe extender un salvoconducto a Assange, quien tiene el estatus de asilado por parte de Ecuador. Pero Reino Unido no reconoce ese asilo y señala que tiene la obligación de cumplir con su extradición del 'hacker' austrialiano a Suecia, donde se lo requiere por dos supuestos delitos sexuales, pero su defensa teme que sea extraditado a EE.UU., para un presunto juicio del que no hay evidencia.

Chevron: la lucha en lo político y jurídico

El 2014 será un año crucial en el pleito entre el Estado ecuatoriano y la petrolera Chevron, condenada por la Justicia ecuatoriana por daño ambiental en la Amazonía. En dos instancias se ventilará este caso. La primera cuerda es la jurídica, ya que está en curso la solicitud de la Procuraduría a un tribunal arbitral de La Haya de suspender el arbitraje planteado por la petrolera, por una supuesta violación al Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con EE.UU. El Gobierno ecuatoriano ha señalado que fallos adversos en ese tipo de acciones internacionales podría llegar a afectar gravemente las finanzas estatales.

La segunda es política-mediática. La administración de Correa ha anticipado que continuará con su denuncia mundial de los atropellos y presuntos abusos de la compañía, que se niega a reconocer los daños ambientales en los 90. De acuerdo con la postura empresarial, el Estado supuestamente es responsable de la reparación ambiental, ya que en su momento suscribió un entendimiento con la firma. A esto se suma el 'lobby' internacional de la Chevron, denunciado por la Cancillería ecuatoriana, para aparentemente desprestigiar al país.

La permanencia en la CIDH está en juego

La Asamblea General de la OEA, programada para el 6 de junio en Paraguay, será decisiva en el futuro del país en ese organismo hemisférico. Esa reunión es el plazo que se fijó el presidente Rafael Correa para que se viabilice un paquete de reformas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De lo contrario -anticipó- el país evaluaría dejar el Sistema Interamericano, que ha sido especialmente crítico con su gobierno en materia de libertades.

La posibilidad de que las modificaciones planteadas por Ecuador y sus socios de la Alba parecen tener pocas probabilidades. En efecto, en marzo del año pasado, ya fracasaron en una cita extraordinaria planteamientos como la limitación en el financiamiento de entidades de la CIDH, como la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión, así como sacar de Washington la sede de la Comisión.

Países de signo de izquierda como Uruguay señalaron que las reformas deben apuntar a fortalecer el Sistema Interamericano. En forma paralela, el Gobierno de Quito ha señalado que es necesario buscar la creación de un sistema de DD.HH. desde organismos regionales como la Unasur.

A mediados de año se revisarán tratados

Si no hay cambios en la agenda de trabajo, a mediados de año estará listo el análisis del conjunto de tratados de protección suscritos por el Ecuador.

Esa tarea está a cargo de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa).

Su titular es Carlos Gaviria, expresidente de la Corte Constitucional colombiana, y está conformada por expertos internacionales designados por el Gobierno Nacional. El objetivo de este grupo es determinar si la soberanía nacional ha sido afectada por un total de 26 tratados bilaterales de protección de inversiones y 36 procesos de arbitraje en los que el Estado ecuatoriano está vinculado.

A base a ese informe, el Gobierno tomará una decisión. Las opciones que podría adoptar son tres: mantener los convenios que no afecten el interés nacional; denunciar aquellos que se consideren lesivos al interés nacional, o renegociar aquellos en los que hay opción de lograr mejores de equilibrio. No obstante, si el análisis debe extenderse, la Caitisa podría extender sus funciones por ocho meses.