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Un dictamen refuerza la intervención ciudadana en normas municipales

El Concejo de Quito es el que mayor uso ha dado a los recursos de participación ciudadana. Foto: Archivo / EL COMERCIO

¿Qué tan importante es que un Municipio tome en cuenta a la ciudadanía en la elaboración de una Ordenanza? Mucho. Y más ahora que incumplir con esa parte del proceso puede echar abajo la normativa, después de un precedente marcado por la Corte Constitucional (CC).

El organismo emitió la sentencia 50-17-IN/22. Tiene que ver con un caso ocurrido el cantón El Carmen, provincia de Manabí. Allí, la ordenanza que contiene el estudio de la demanda del servicio comercial de taxis no contó con los involucrados del sector de los transportistas, ni en su primer ni segundo debate.

Como resultado de esto, la CC dispuso que El Carmen emitiese una nueva Ordenanza “respetando los derechos de participación de los ciudadanos de ese cantón”. Para esto, el Municipio tiene seis meses y la sentencia que declara inconstitucional la actual ordenanza difiere su efecto durante ese mismo lapso. 

La trascendencia

Diego Cevallos, integrante del colectivo Gobernanza EC, señala que en la mayoría de gobiernos municipales no hay mecanismos que transparenten la gestión de sus concejos y eso incide en la nula participación ciudadana en sus decisiones.

La CC señala en su sentencia que la participación ciudadana se promueve para que las personas que se sientan afectadas por una decisión puedan expresar sus objeciones a la norma. “Los asuntos públicos no merecen ser resueltos por pocos”, cita el documento.

El Ecuador está a dos meses de acudir una vez más a las urnas. El próximo 5 de febrero se escogerán alcaldes, prefectos, concejales y juntas parroquiales. La participación ciudadana será un factor importante, y quienes ganen deberán tomarlo en cuenta.

Actualmente, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal Contencioso Electoral (TCE), aún se atiende la etapa de impugnaciones de las candidaturas. El CNE informa que hasta el próximo 18 de diciembre hay plazo para cerrar con esta fase y publicar la lista oficial de postulantes. En el TCE, están todavía 86 causas por resolver, como parte de esta etapa.

Cevallos dice que no existen mecanismos jurídicos que obliguen a los concejos municipales a difundir los proyectos de ordenanza que tramitan desde su presentación. Eso se traduce en la imposibilidad de que los ciudadanos activen los mecanismos participativos como, por ejemplo, la silla vacía.

El caso de Quito

Hay dos precedentes importantes en la capital. El primero es que sí ha desarrollado normativas e incentivado mecanismos de participación, como la silla vacía. Según información proporcionada por el secretario del Concejo Metropolitano, Pablo Santillán, desde 2019 se han presentado 136 peticiones para usar la silla vacía. De esas, solamente 25 fueron negadas.

De acuerdo con el Municipio, la silla vacía es un mecanismo de participación con voz y voto para las organizaciones sociales, de hecho y derecho en el Concejo Metropolitano. Su participación se limita a una ordenanza o normativa que pretende ser aprobada por el órgano legislativo cantonal.

Cevallos apunta que Quito es el único cantón que, desde 2017, cuenta con una ordenanza que apunta a un gobierno abierto. Eso ha permitido que, sobre todo en su página web y en redes sociales, se difundan las ordenanzas por tratar y las convocatorias para ser parte con la silla vacía.

Otro precedente es la activación de un proceso de remoción por incumplir con la participación ciudadana. En junio de 2021, el Concejo de Quito removió al exalcalde y actual candidato Jorge Yunda. Más allá de las motivaciones del cuerpo edilicio para sacarlo del cargo, lo que viabilizó la activación de ese recurso fue el no haber rendido cuentas ante la Asamblea de Quito, máximo órgano de participación ciudadana en lo referente a la ejecución del presupuesto.

Es decir, incumplir con los mecanismos de participación ciudadana también pueden originar procesos para la remoción del cargo de las máximas autoridades de un Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD).

Cambios

Para las elecciones de 2023, se utilizará por primera vez el método Webster en la asignación de escaños. Con eso se estima que las minorías obtengan mayor participación en los concejos cantonales. Sin embargo, se prevé que esto también se traducirá en cuerpos edilicios más dispersos en cuanto a fuerzas políticas. Y, cabe recordar, que las ordenanzas se aprueban con el voto de la mayoría de integrantes; esto hace más necesario que nunca la existencia de negociaciones del alcalde o alcaldesa con los concejales para obtener los votos indispensables para aprobar normas.

Comicios

Quito es el cantón con la mayor cantidad de integrantes en su Concejo Metropolitano. En 2023 se elegirá un total de 21 concejales. A ellos se suma el voto del Alcalde, que tiene capacidad dirimente en los temas que se aprueban en el Pleno.

5 690 autoridades seccionales se elegirán en los comicios de 2023. También se votará por los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Esta última entidad es la que promueve recursos de intervención popular, como el uso de la silla vacía.


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