Este 6 de enero de 2025 se conoció que la Asamblea Nacional fue notificada el 31 de diciembre de 2024 sobre tres objeciones totales a proyectos de ley aprobados recientemente. Las objeciones fueron remitidas a la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz. Los vetos se relacionan con la reforma laboral, la función legislativa y el sistema nacional de cualificaciones profesionales.
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En los tres oficios enviados, la Presidencia destacó que las propuestas aprobadas por la Asamblea no cumplen con disposiciones fundamentales de la Constitución. Además, se enfatizó la necesidad de garantizar derechos y procedimientos adecuados. Igualmente, evitar incompatibilidades legales que puedan afectar a la ciudadanía y a la estructura del Estado.
La objeción al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Función Legislativa se fundamenta en que la creación de una comisión multipartidista ad hoc contraviene el debido proceso. El Ejecutivo señaló que las facultades y atribuciones de esta comisión no están claramente delimitadas.
Daniel Noboa cuestionó una reforma legislativa que propone sancionar con 90 días de suspensión sin remuneración a los asambleístas. Esta es para quienes se aparten de las decisiones de su bancada sin justificación válida, salvo casos de objeción de conciencia o separación voluntaria.
También criticó la creación de una comisión pluripartidista ad hoc para investigar incumplimientos de funciones. Argumenta que sus atribuciones carecen de desarrollo claro para un órgano de naturaleza temporal.
El mandatario señaló que las disposiciones sobre enjuiciamiento político afectan garantías constitucionales. Estas son el derecho a la defensa y la protección de información reservada en investigaciones contra autoridades interpeladas.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), si un proyecto de ley es objetado totalmente por el Ejecutivo, la Asamblea Nacional solo puede reconsiderarlo después de un año, requiriendo mayoría calificada para su ratificación.
Asimismo, se argumentó que dichas disposiciones podrían generar ambigüedades legales al delegar tareas propias de otros órganos legislativos. En este sentido, el Ejecutivo destacó que el artículo 76 de la Constitución garantiza el derecho al debido proceso. Asimismo, subrayó la importancia de mantener un marco normativo claro y preciso.
El Gobierno señaló que la propuesta de la Asamblea carece de claridad en aspectos esenciales como el respeto al debido proceso y la independencia en la toma de decisiones.
El proyecto de ley que planteaba reformar el Código de Trabajo y la Ley Orgánica del Servicio Público incluía una disposición para incorporar el 10% de contratación de jóvenes entre 19 y 29 años. Esta medida no toma en cuenta los perfiles de puestos necesarios en el sector público ni la preparación académica y técnica requerida.
Además, se señaló que la propuesta podría generar incompatibilidades en áreas sensibles del sector público y privado. En este contexto, el Ejecutivo destacó que el ingreso y ascenso en la carrera administrativa deben realizarse bajo concurso de méritos y oposición, tal como lo establece el artículo 228 de la Constitución.
Observaciones al sistema de cualificaciones
El presidente también objetó el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. El Ejecutivo indicó que el texto no considera los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
Según la objeción, el proyecto no incluye disposiciones que garanticen el reconocimiento de saberes y derechos establecidos en los artículos 56 y 57 de la Constitución. Esto, de acuerdo con la Presidencia, limita el alcance inclusivo y representativo que debería tener esta ley.
