El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aprobó este 8 de mayo del 2023 una resolución en la que solicita el criterio jurídico para saber cómo actuar frente a una sentencia judicial. Esta retrotrae el concurso para la designación del titular de la Contraloría.
Los consejeros conocieron la sentencia remitida por la Unidad Judicial de Familia, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Rumiñahui, en Pichincha, inherente a la acción de protección en contra del Cpccs.
El juez Diego Gómez Guayasamín aceptó la acción de protección presentada por la ciudadana Andrea Medina y declaró la vulneración al derecho sobre la paridad de género y la participación ciudadana. En consecuencia, como medida de reparación integral el magistrado dispuso que el concurso retorne a la etapa de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades de los postulantes, conforme al Reglamento del concurso que consta en la resolución del 18 de julio del 2021. Esa resolución fue aprobada por la administración de la entonces presidenta Sofía Almeida.
También ordenó que se deje sin efecto la codificación del Reglamento para el concurso emitido en la resolución 826, del 9 de marzo del 2022, durante la administración de Hernán Ulloa. Allí se hicieron algunas reformas y con ese Reglamento la Comisión de Selección encargada del concurso desarrollaba las etapas hasta el inicio de la fase de méritos, que se encuentra en pausa.
La consejera Mónica Moreira dijo que al dejarse sin efecto la codificación dificultaría el cumplimiento inmediato del cronograma del concurso para la designación “porque la no haber Reglamento, no hay concurso”, expresó.
El consejero Olindo Nastacuaz planteó la duda sobre a quién le corresponde realizar una nueva codificación del Reglamento.
Ante las inquietudes, el consejero Aland Molestina mocionó una resolución que se aprobó con los votos favorables de Gina Aguilar, presidenta del Cpccs, y los consejeros Mónica Moreira, Olindo Nastacuaz y Carlos Figueroa.
En la resolución se dispone a la Coordinación de Asesoría Jurídica del Cpccs que emita un informe sobre las afectaciones de la sentencia en el concurso y que especifique las acciones que el Pleno debe realizar mientras continúa el trámite de la acción de protección, debido a su apelación.
Consultas de la Comisión de Selección
En otro punto del orden del día, el Pleno del Cpccs conoció el memorando remitido el 28 de abril por Marco Chalco Llivisaca, presidente de la Comisión encargada de ejecutar el concurso.
Hizo tres interrogantes al Pleno. Consultó si la Comisión debe dar cumplimiento a la resolución del 4 de abril o a la del 27. Preguntó sobre los efectos de la sentencia para la Comisión. Consultó si la Comisión puede continuar con reuniones de trabajo sobre la etapa de méritos como lo hizo hasta el 27 de abril.
Moreira explicó que esa fecha el Pleno dejó sin efecto la resolución del 4 de abril. Esta consistió en correr traslado de la respuesta que obtuvo de la Secretaría de Educación Superior sobre una interpretación de los títulos académicos de los postulantes, ya que Comisión tenía dudas sobre cómo calificar los méritos.
Sin embargo, la nueva resolución del 27 el Pleno dispuso conformar un equipo de trabajo para dar una respuesta más detallada con base a la información de la Secretaría. Por lo tanto, la resolución válida es la del 27, ratificó Moreira.
Respecto a la segunda pregunta de Chalco, dijo que esta quedará absuelta cuando la Coordinación de Asesoría Jurídica emita su informe. En cuanto a la tercera inquietud, la consejera señaló que debe ser aclarada por la Asesoría Jurídica. Pero no hubo ninguna moción de resolución respecto a este punto y Aguilar ordenó continuar con los demás puntos hasta que se aliste una propuesta de moción.
Hasta las 20:00 este punto aún no se resolvía. El concurso de la Contraloría se encuentra con dificultades a pocos días de que la administración actual entregue la institución a los nuevos consejeros, el 15 de mayo.
Visita nuestros portales: