Alejandra Cárdenas es la jueza sustanciadora que el miércoles 19 de octubre avocó conocimiento del dictamen de la Corte Constitucional (CC), sobre la calificación de ocho preguntas para la consulta popular que remitió el presidente Guillermo Lasso.
Ese dictamen determinó que solo seis preguntas se tramiten por vía de enmienda.
Es decir, con un cambio a un artículo de la Constitución ecuatoriana.
Cárdenas someterá ese paquete de preguntas a un control constitucional. Según el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (Logjcc), la Corte tiene el término de 20 días hábiles para emitir la sentencia de control constitucional.
El tiempo corre desde el día que la magistrada avocó conocimiento y debe realizarse antes de que Lasso emita el Decreto que convoca al referendo. Este concepto es utilizado como categoría de una consulta popular cuando se trata de reformas constitucionales, como el caso actual.
En esta segunda intervención, la CC verificará los considerandos que introducen la pregunta y el cuestionario. Lo que al ciudadano le va a llegar en la papeleta de la consulta, refiere el constitucionalista Alexander Barahona.
En la Logjcc se fijan cinco requisitos a observar sobre los considerandos: no inducir a respuestas de los electores, concordancia entre el considerando de la pregunta y el texto normativo, lenguaje sin carga emotiva, relación del texto sometido a aprobación y el propósito del considerando, y que no haya información innecesaria.
Sobre el cuestionario, hay cuatro parámetros a verificar: formulación de una sola cuestión por pregunta, se prohíbe aprobar o rechazar varios temas en bloque, que una propuesta normativa no beneficie a un proyecto político específico, y que la propuesta tenga efectos jurídicos.
Los riesgos
En suma, las preguntas vuelven a ser revisadas. Deben ser absolutamente claras, cortas y concisas, caso contrario, la CC puede determinar que algunas no son saludables para la democracia y rechazarlas, explica Barahona.
Por eso, el constitucionalista Ismael Quintana dice que aún no hay ninguna garantía de que las seis preguntas vayan a la papeleta.
Los constitucionalistas califican como “fatal” el tiempo que tiene la CC para emitir su sentencia.
Si no lo hace en los 20 días, se entenderá que ha emitido dictamen favorable y Lasso podrá ejecutar la consulta enviándola al Consejo Nacional Electoral.
Quintana señala que así nacería una consulta popular sin un expreso control de la Corte, cuando lo adecuado es que se pronuncie.
Otro riesgo, añade, sería para Lasso porque sería una consulta sin condumio pues al momento los temas sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y las Fuerzas Armadas, están fuera.
Esto no sería nuevo, en 2018 durante el gobierno de Lenín Moreno procedió un referendo porque la CC de ese entonces no hizo ningún control, recuerdan los expertos.
Pero Lasso también espera el dictamen previo de dos preguntas sobre el Cpccs. Volvió a enviar porque la pregunta seis del primer paquete no fue aceptada para enmienda. Para esto no hay plazo.
Barahona ve un riesgo adicional. Si se da una consulta sin control de la CC, habrá una papeleta incomprensible para el elector, sin lenguaje claro, con preguntas que pinten una solución a los problemas del país cuando no es así, evalúa el experto.
El Gobierno aguarda
Para la asesora Jurídica de la Presidencia, Karen Sichel, cualquier cosa que se diga ahora es especulación. El Ejecutivo espera que la CC se pronuncie sobre ambos grupos de preguntas y estudia otras preguntas alternativas ante negativas.
“En ese caso el Ejecutivo enviará preguntas ya no de reforma constitucional, sino de carácter plebiscitario. No corresponde que se hagan públicas esas preguntas todavía porque dependemos de lo que la CC admita o inadmita”, declara. Por ejemplo, la elección de asambleístas en segunda vuelta, se analizan otras sobre empleo y economía.
Según Barahona, el considerando sobre la reducción del número de asambleístas es inductivo y no pasará el filtro de la CC. Para Quintana, la extradición podría ser negada por violación a derechos fundamentales. Cuando la CC emita los dictámenes correspondientes, el Gobierno unirá todas las preguntas en un mismo momento electoral y decretará la convocatoria a la consulta popular.
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