La Corte Constitucional dio prioridad al tratamiento de una demanda presentada contra una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que prohíbe el uso de teléfonos celulares en los recintos de votación.
La decisión fue tomada el 27 de marzo de 2025 en una sesión extraordinaria del pleno, según consta en la providencia firmada por el juez Richard Ortiz Ortiz.
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El recurso fue interpuesto por el Coordinador de la Asamblea Permanente por la Defensa del Patrimonio Nacional, en calidad de accionante. El documento establece que se tramitará con carácter prioritario por una alteración del orden cronológico de causas, con base en el reglamento interno de la Corte.
La causa, identificada con el número 23-25-IN y fue admitida a trámite como una acción pública de inconstitucionalidad. La Corte también notificará del proceso al CNE y a la Procuraduría General del Estado.
Demanda cuestiona prohibición del CNE sobre uso de celulares
La demanda se originó a raíz de la resolución PLE-CNE-2-13-3-2025, emitida por el pleno del Consejo Nacional Electoral. Esta resolución estableció restricciones al uso de teléfonos celulares en los recintos durante la jornada electoral.
Según el demandante, dicha medida vulneraría derechos constitucionales relacionados con la transparencia y el ejercicio ciudadano. La Corte ahora deberá analizar si esa resolución contraviene normas superiores de la Constitución y la ley.
El accionante argumenta que la prohibición podría impedir la documentación de posibles irregularidades durante el proceso de votación. La Asamblea que representa sostiene que los ciudadanos tienen derecho a registrar su entorno y participar activamente en la vigilancia del voto.
La acción pública de inconstitucionalidad se centra en examinar si estas restricciones afectan principios democráticos. El análisis de la Corte podría influir en futuros procesos electorales en el país.
Corte Constitucional activó mecanismo para tratamiento prioritario
La Corte Constitucional decidió alterar el orden de tratamiento de causas para dar prioridad a este caso. Esta medida se basa en los artículos 7.2 y 7.3 del reglamento interno que rige los procesos de sustanciación.
El procedimiento se activó luego de que se realizara el sorteo del caso en el sistema automatizado el pasado 17 de marzo. La sesión extraordinaria del 27 de marzo concluyó con la aceptación del trámite con carácter urgente.
Como parte del proceso, se designó a la abogada Alisson Ortiz Peralta como actuaria encargada de la causa. Ella será responsable de coordinar la elaboración del proyecto que será remitido al Pleno de la Corte.
Además, se pidió a las partes que indiquen correos electrónicos para facilitar las notificaciones. La Corte recordó que los escritos y documentación podrán ser entregados digitalmente o en ventanilla física.
