El Consejo de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) emitió un documento este 5 de noviembre del 2022 en el que invoca a la unidad de las instituciones del Estado y de la sociedad para enfrentar la violencia e inseguridad. Incluso hace un llamado a los grupos criminales a cambiar.
El Consejo de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) emitió un documento este 5 de noviembre del 2022 en el que invoca a la unidad de las instituciones del Estado y de la sociedad para enfrentar la violencia e inseguridad. Incluso hace un llamado a los grupos criminales a cambiar.
La carta va dirigida a todos los actores sociales y políticos. Se invita a la toma de acciones conjuntas, dice la CEE. “Cuando se busca sembrar la muerte y el caos, no solo que es necesaria una buena dosis de cordura sino una mayor dosis de valentía para no hacerle el juego a la demagogia, al populismo y a la búsqueda proterva de intereses personales o partidistas”, menciona el documento.
Eso va para los asambleístas, “que están pensando en el poder, pero no en el bien del pueblo ni en solucionar esta situación que estamos actualmente viviendo. Esperamos que la Asamblea Nacional y todos los poderes se unan al Ejecutivo para erradicar la violencia”, refiere Monseñor Luis Cabrera, presidente de la CEE, a EL COMERCIO.
Rechaza que los políticos aprovechen la situación de inseguridad para “llevar el agua a su molino” y aboga para que trabajen en políticas públicas enfocadas en el bien común. En ese contexto, llama a la ciudadanía a comprometerse con las “grandes causas” como la justicia.
Llamado a grupos delincuenciales
Cabrera además llama a los líderes de las bandas criminales a reflexionar sobre sus acciones.
“Se les invita a tomar consciencia de todo el daño que están causando a miles de personas, invitarles a un cambio radical. Que reflexionen a que el poder ni el dinero van a colmar sus aspiraciones”, enfatiza.
Recuerda que la Iglesia Católica participó en la comisión de pacificación que trabajó en las personas privadas de la libertad anteriormente e hizo recomendaciones al Gobierno. Hubo dos conclusiones principales de ese trabajo, destaca Cabrera: Existe un problema estructural, que necesita la participación de todos los poderes del Estado, la academia, empresas y sociedad civil; y la rehabilitación en las cárceles requiere de un plan integral, que no existe.
El plan debe incluir una rehabilitación médica, psicológica, laboral, social, familiar y espiritual. La academia debería involucrarse, estima el presidente de la CEE. Sin embargo, observa que eso será difícil.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai) atribuyó en primera instancia que la reacción de los internos fue efecto de los traslados que se realizaban, en aras de solventar el hacinamiento.
No obstante, Cabrera cree que solo se trata de cambios de lugar de los internos para evitar masacres, pero siguen hacinados. Mientras no haya un plan de rehabilitación integral eso no se resolverá, es un desafío, reitera. Prefiere esperar a que el Gobierno acoja e implemente todas las recomendaciones hechas por la comisión antes de plantear que sea conforme otra.
El Snai informó la noche del 4 de noviembre que las labores efectuadas en la Penitenciaría del Litoral son parte de una planificación para retomar la presencia del Estado en los centros de privación. Indicó que el objetivo es avanzar de manera sostenida en la transformación y dignificación del sistema de rehabilitación social.
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