Comisión evalúa ampliar a 16 sectores control contra lavado de activos

La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea analiza una nueva reforma a la Ley contra el Lavado de Activos. En respuesta al azote del crimen organizado, se analiza ampliar las auditorías a 16 actores.

En principio, el exasambleísta independiente John Vinueza apuntaba al control de los equipos de fútbol. La presidenta de la Comisión, Mireya Pazmiño, plantea incluir a otros sectores.

“He propuesto controlar a las cúpulas militares y policiales; jueces, puertos, aeropuertos; partidos y movimientos políticos”, señaló.

Los integrantes de esta mesa parlamentaria fueron convocados a sesión el martes 10 de enero del 2023. Allí discutirán el informe para el segundo y definitivo debate.

La propuesta se compone de un texto que reforma el artículo 5 de Ley Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, y una disposición transitoria. El texto pasó el primer debate en el Pleno el año pasado.

Los alcances del control

El proyecto especifica que: a más de las instituciones del sistema financiero y de seguros, serán sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), a través de la entrega de los reportes:

1. Las filiales extranjeras bajo control de las instituciones del sistema financiero ecuatoriano;
2. Las bolsas y casas de valores;
3. Las administradoras de fondos y fideicomisos; las cooperativas de ahorro y crédito, fundaciones y organismos no gubernamentales;
4. Las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves;
5. Las empresas dedicadas al servicio de transporte nacional e internacional de dinero, encomiendas o paquetes postales, correos y correos paralelos, incluyendo sus operadores, agentes y agencias; las agencias de turismo y operadores turísticos;
6. Las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción;
7. Las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos de alta gama;
8. Los montes de piedad y las casas de empeño; los negociadores de joyas, metales y piedras preciosas; los comerciantes de antigüedades y obras de arte;
9. Los notarios; jueces del sistema judicial; fiscales; los registradores de la propiedad y mercantiles;
10. Los promotores artísticos y organizadores de rifas; hipódromos;
11. Los Clubes u organizaciones dedicadas al fútbol profesional pertenecientes a la Serie ‘A’ y Serie ‘B’. Aquellos que participen de los torneos organizados, tanto por la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriano como por la Federación Ecuatoriana de Fútbol;
12. El personal que forme parte de la cúpula militar y policial en servicio activo y pasivo;
13. Los gerentes y directores de las aduanas, aeropuertos y, puertos públicos y privados;
14. Las compañías y empresas que usan el factoring;
15. Los partidos políticos y movimientos legalmente reconocidos
16. Asambleístas

Plazo

La Unidad de Análisis Financiero y Económico dispondrá de un plazo de 180 días, en caso de ser aprobada la refroma. Esto para expedir la normativa secundaria y los informes técnicos y estratégicos que garanticen el efectivo cumplimiento de las disposiciones.

Pazmiño adujo que “los grandes delitos, los asesinatos, tienen todo un aparato de apoyo transnacional, solventado por grandes cantidades de dinero”

“A la delincuencia y al crimen organizado se lo tiene que enfrentar cortándole el financiamiento, tenemos que seguir el dinero para encontrar el crimen y sancionarlo”, puntualizó.

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