La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea aprobó este sábado, 19 de noviembre de 2022, el informe no vinculante sobre el presupuesto general del Estado para 2023. El documento irá a resolución del Pleno la próxima semana.
La decisión se tomó por unanimidad de los 9 integrantes de esta mesa, que es encabezada por la oposición al Gobierno de Guillermo Lasso.
Uno de los pedidos del correísmo y sus aliados fue que se revisara al alza el valor previsto para el precio del barril del petróleo, que el Ejecutivo ponderó en USD 64 para el próximo año.
“El precio del petróleo es volátil y sería una irresponsabilidad poner un precio muy alto como se plantea o como a criterio de estos sectores debería estar en la proforma”, sostuvo la oficialista Blanca Sacancela, integrante de la comisión.
El debate también se centró en relación a la asignación presupuestaria a las universidades, así como la entrega de fondos al sector de la salud pública, a la Policía y gobiernos locales. Según Sacancela, el oficialismo votó a favor de estas observaciones “en un ejercicio democrático, de madurez político”.
De acuerdo con el artículo 295 de la Constitución, la Asamblea puede observar la proforma presupuestaria, pero no modificar los rubros.
Se prevé que este informe sea debatido por el Pleno el próximo martes 22 de noviembre.
Observaciones
El informe contiene estas observaciones:
1) En el presupuesto codificado de 2023 deberán realizarse los ajustes que correspondan al precio del barril de petróleo para reflejar aquel efectivamente recibido por el país, de tal manera que no exista afectación a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras entidades con pre-asignaciones.
2) Que se sustente las bases de cálculo de los valores en la proforma 2023 de tal manera que se evidencie el cumplimiento de la transitoria constitucional: “Vigésimo Segunda. – El Presupuesto General del Estado destinado al financiamiento del Sistema Nacional de Salud, se incrementará cada año en un porcentaje no inferior al cero punto cinco por ciento del Producto Interno Bruto, hasta alcanzar al menos cuatro por ciento.”
3) Asignar los recursos para que las universidades puedan cubrir las disminuciones en su plan anual de inversiones respecto a la proforma codificada en agosto de 2022. La redistribución deberá priorizar a las universidades que mantienen una reducción del presupuesto para el año 2023 con respecto al codificado de agosto de 2022.
4) En el presupuesto codificado del 2023, aumentar la asignación de la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia contra Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría de Derechos Humanos, en un monto que permita a la secretaría al menos mantener la asignación codificada al mes de agosto del 2022, USD 18 millones.
5) En el presupuesto codificado de 2023 revertir la disminución del 22,84% en el rubro de obras públicas, reducción que en términos nominales es de USD 118,04 millones cuando se compara la proforma 2023 con el codificado de agosto de 2022.
6) En la proforma codificada 2023, revertir para la Policía Nacional la disminución de USD 5,95 millones identificada al comparar la proforma 2023 con el valor codificado a agosto de 2022.
7) Producto de que el pago por incentivo jubilar consta como un gasto de inversión, perteneciente al Plan Anual de Inversiones, proceder a que el mismo sea ajustado al alza con el ingreso no permanente proveniente del reajuste del precio del barril de petróleo en el presupuesto codificado del año 2023, de tal manera que se dé solución definitiva a la falta de pago del incentivo jubilar.
