Tal como han sucedido los hechos en el seno de la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) se apresta a una renovación parcial. El proceso que lleva a cabo marcará la quinta actualización de un ente que en teoría era apolítico, pero que se ha convertido en el botín de las mayorías legislativas, exactamente lo que se suponía que no debía ser.
Esta semana se ha desarrollado un juicio político a la mayoría del Cpccs. Se hace justo cuando se viene el nombramiento del Contralor General del Estado, una pieza clave en la auditoría de los fondos públicos. Hoy se debe votar si esta mayoría permanece en sus funciones o las deja. Pero vistos los acontecimientos, poco valen las argumentaciones; son los votos los que pesan.
El Cpccs nació como iniciativa de la Constituyente de Montecristi de 2008. Con ella se le quitaba a la Asamblea Nacional su facultad para nombrar a las autoridades de control. Más que una razón de balances de poder, era una máxima de marketing político que con el tiempo se dilucidó, puesto que de una u otra forma los adeptos del Ejecutivo terminaron en esos puestos claves.
En la consulta popular de 2018 se decidió que la elección de estos consejeros fuera por votación ciudadana, en un intento para evitar la influencia del Ejecutivo. Asimismo, desde 2019 hasta la fecha, el Cpccs ha tenido cinco presidentes luego de varios
‘impasses’ con la Asamblea Nacional, con lo que queda prácticamente evidenciado que al ser un ente que nombra a la autoridades control siempre estará en la mira de la clase política.
En la destitución de los consejeros se han destapado dos graves problemas de esa institución: un expresidente está encarcelado por corrupción y otros dos, a pesar de haber declarado su apoliticismo (condición básica para postular al cargo), luego corrieron en las elecciones de 2021.
Quizá sea hora de que la sociedad haga un juicio sumario a la actividad del Cpccs y que entendamos los alcances de la democracia participativa no pueden ser botines de guerra del gobierno de turno ni de las consabidas mayorías legislativas.