La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició la práctica de prueba en el juicio político contra Juan Esteban Guarderas, vocal del Cpccs, este jueves 12 de diciembre. La sesión se llevó a cabo sin la presencia del acusado, quien habría presentado dos acciones de protección para suspender el proceso.
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Pamela Aguirre, presidenta de la comisión, denunció estas acciones como intentos de intimidación para evitar el cumplimiento de su deber fiscalizador. La interpelante Ana Herrera presentó pruebas contra Guarderas, acusándolo de violar la reserva de información, falsificar una firma y beneficiarse de su cargo.
Guarderas afirmó que no fue notificado por ningún canal oficial y denunció la violación de su derecho a la defensa. Según el reglamento, la práctica de pruebas debe garantizar la presencia de todas las partes, lo que no ocurrió en este caso.
Mientras tanto, Aguirre aseguró que la Comisión continuará con el juicio, rechazando la injerencia judicial y medidas cautelares que obstaculicen el proceso. Señaló que el acusado podrá ejercer su defensa en la etapa final del trámite, prevista para el 14 de diciembre.
Ana Herrera lamentó la ausencia de Guarderas y criticó su uso de instituciones públicas para evadir el proceso. Rechazó las represalias judiciales y políticas contra quienes ejercen fiscalización, mencionando acciones similares en su contra.
Tras la audiencia de alegatos, la Comisión elaborará un informe para el pleno de la Asamblea. Este caso ha generado tensiones entre funciones del Estado y reacciones sobre el rol de la justicia en procesos legislativos.
Pronunciamiento de la Comisión de Fiscalización sobre juicio político
La Comisión de Fiscalización y Control Político notificó al consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas Cisneros, sobre la resolución que calificó la solicitud de juicio político en su contra.
Según el comunicado, esta notificación se realizó de manera debida y legal, en cumplimiento de los procedimientos establecidos.
De acuerdo con el documento, el consejero presentó su contestación el 10 de diciembre de 2024, último día del plazo otorgado, adjuntando pruebas documentales y anunciando el uso de prueba testimonial.
Además, la Comisión destacó que el enjuiciado fue informado de todas las convocatorias relacionadas con el proceso, a través del mismo correo electrónico al que fue enviada la resolución.
La Comisión rechazó las afirmaciones del procesado respecto a una supuesta falta de notificación, argumentando que existen pruebas que contradicen esas declaraciones. Asimismo, ratificó su compromiso con el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, garantizando el derecho a la defensa y el debido proceso en el marco del juicio político.
Respuesta de Juan Esteban Guarderas
El consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas, emitió un comunicado el 12 de diciembre de 2024, en el que señaló que sus derechos han sido vulnerados durante el proceso de juicio político en su contra. Guarderas enumeró una serie de irregularidades que, según él, comprometen la legalidad del procedimiento.
Entre las irregularidades mencionadas, afirmó que no se permitió el acceso de su abogado a la Asamblea Nacional, lo que impidió la entrega física de sus pruebas de defensa. Asimismo, indicó que las firmas presentadas para justificar el juicio no fueron validadas en su totalidad.
Guarderas también aseguró que no fue convocado de manera adecuada, en incumplimiento de los procedimientos establecidos. Además, señaló que se alteró el orden de comparecencia de los testigos, a pesar de que las convocatorias especificaban horarios presenciales para cada uno.
En el comunicado, el consejero denunció que durante la intervención de un testigo vinculado a la contraparte, se evidenció cómo le soplaban el testimonio. Finalmente, afirmó que se le negó completamente el derecho a hablar y defenderse, lo que calificó como un impedimento para ejercer su legítima defensa.
Guarderas concluyó que estas acciones vulneran el debido proceso y señaló que continuaría utilizando todas las vías legales disponibles para defender sus derechos.
