La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional se reunió este viernes, 13 de septiembre de 2024. La delegación trató el proceso de juicio político a Sebastián Corral.
Él se desempeñó como secretario de la Administración y Gabinete del expresidente Guillermo Lasso. Este fue uno de los casos que se debían reactivar en el Legislativo, tras una orden del juez Edgar Romero Salazar. Son tres procesos en total.
Más noticias
Los juicios políticos en la Asamblea
La decisión se dio en respuesta a la acción de protección planteada por la asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Inés Alarcón.
Ella se opuso a la decisión de la Comisión de Fiscalización de archivar los procesos en contra de exfuncionarios.
Se trata del exministro de Finanzas, Pablo Arosemena; extitular de la Secretaría de Educación Superior, Andrea Montalvo y Sebastián Corral.
Luego de ese paso, con cinco votos afirmativos, la Comisión archivó la solicitud de juicio político planteada por Patricia Núñez en contra de Corral.
La proponente desistió de manera irrevocable de continuar con el proceso de fiscalización y censura al Exfuncionario.
La delegación, luego de los enfrentamientos registrados entre asambleístas en el proceso contra la fiscal Diana Salazar, volvió a tener a Pamela Aguirre como presidenta.
El proceso para el archivo
Núñez justificó su decisión en que, con el retiro de firmas, la solicitud ya no cumplía con uno de los requisitos establecidos en el artículo 131 de la Constitución de la República para seguir con el enjuiciamiento político.
La normativa define que la Asamblea podrá desarrollar el juicio político, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de funciones que les asignan la Constitución y la ley, de los ministros de Estado.
En principio, en el proceso se contaba con 41 firmas y quedaron 15.
La resolución de la Comisión de Fiscalización y Control Político será notificada a las autoridades de la Legislatura, así como a la exponente y a Corral.
Pamela Aguirre remarcó el cumplimiento de la sentencia constitucional que ordenaba retomar los juicios políticos que fueron archivados. No se conoció con certeza qué ocurrirá con los otros dos juicios políticos.
