GUÍA: El ABC de la consulta de Rafael Correa
La Corte Constitucional (CC) analiza la legalidad de consulta popular presentada por presidente Rafael Correa. El Primer Mandatario, por su parte, ya inició su campaña por el sí desde hace 15 días, en sus recorridos por el país y en los espacios mediáticos que controla el Gobierno.
Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) recién comenzó a definir un mecanismo que regule la publicidad política del proceso para sus auspiciantes y para los detractores.
En el Código de la Democracia, aprobado por la Asamblea Nacional, el año pasado, se establecieron parámetros para la promoción electoral. Pero solo se limitó a las elecciones convencionales. Es decir, no se sabe cómo manejar la publicidad en los referendos y consultas populares.
Según el presidente del CNE, Omar Simon, este es un vacío que se debe subsanar. Los escenarios recién son materia de estudio. Una de las propuestas es que el Consejo contrate espacios para que los actores del plebiscito, a favor o en contra, promocionen sus ideas. “Es un tema muy complejo porque se tendría que establecer si la publicidad se realizaría por pregunta o no”.
La segunda opción es que el CNE establezca límites de pautaje en los medios y que cada actor, social o político se encargue de la promoción en medios.
Otro de los temas que debe ser regulados es quiénes pueden hacer campaña electoral. Según Simon deberían ser solamente actores sociales y políticos inscritos previamente y con personería jurídica. Pero aún no se ha definido si deben tener representatividad o no, pues ninguno de los partidos y movimientos, a excepción del MPD, se ha reinscrito.
El CNE dice trabajar también en un reglamento para controlar los gastos de campaña no mediática: banderas, camisetas, esferos, etc. Aquí se establecería un monto máximo de USD 1 600 000 aproximadamente para todos. Pero este dinero se tendría que distribuir entre los actores participantes y dependiendo del número de preguntas que quieran promover o rechazar en la consulta. “Trabajamos en el reglamento, pero es complicado. Lo único que tenemos claro son las prohibiciones de promoción”, dijo Simon.
Estas limitaciones se refieren a que las instituciones públicas o autoridades estatales, en cualquier nivel, no pueden realizar publicidad ni “utilizar sus bienes y recursos para estos fines”.
Sin embargo, el presidente Rafael Correa ha insistido en reiteradas ocasiones en promover el sí en el plebiscito. Un ejemplo de ello son los enlaces sabatinos y los recorridos que realiza por las obras que ejecuta el Estado.
Para el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, es urgente que el CNE norme la publicidad. “Caso contrario va a quedar abierta la publicidad gubernamental, sin ningún tipo de control, ni límites. Eso es una desventaja y pone en desigualdad de condiciones a las otras opciones de voto”.
Esta preocupación es compartida por Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana. “Se va a dar el mismo fenómeno de la vez pasada, cuando el Presidente se lanzó a la reelección: había por un lado el uso de la publicidad establecida por el CNE y también se utilizaban los espacios gubernamentales”.
Sin embargo, el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, aseguró que la propuesta de consulta “es un tema de debate ciudadano. A diario los medios como parte activa de la cosa pública invitan a diferentes personajes para que opinen y comenten sobre las preguntas de la consulta, sus alcances, beneficios y/o perjuicios. Siendo que el acceso a los medios es universal y no exclusivo del Presidente, no creo que afecte de ninguna forma al proceso electoral normal”.
Multa mayor por no votar
Los ciudadanos que no voten en las próximas elecciones pagarán una multa mayor. La Asamblea reformó la Ley Orgánica Electoral y estableció en el artículo 292 que “ las personas que no sufraguen serán multadas con el equivalente al 10% (USD 26,4) del Salario Básico Unificado ( 264)”.
Esta reforma a la Ley rige desde enero del 2011 y se la aplica desde las últimas votaciones para las revocatorias de mandato que ya se han realizado en distintos cantones del país. Mientras que las personas que no votaron en las pasadas elecciones de abril y junio del 2009, deberán pagar la multa según lo establecido por la Ley anterior, que sería un monto alrededor de USD 8.
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