Los manifestantes llegaron la mañana de ayer hasta las instalaciones del CNE (norte). Foto: EL COMERCIO
Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), dijo que las credenciales para las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) se podrían entregar aún cuando no se resuelva un recurso por una supuesta infracción electoral.
Dicho recurso está en trámite en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). De acuerdo con el Código de la Democracia, para la resolución de este tipo de recursos se prevé un plazo de 30 días.
Atamaint hizo este anuncio ayer, cuando atendió a un grupo de representantes de organizaciones sociales que llegaron hasta el CNE para reclamar por la entrega de las credenciales a los ganadores de las elecciones del 24 de marzo.
La principal del CNE explicó a los asistentes que la dilatación de la posesión del Cpccs tenía que ver con los recursos presentados por candidatos que perdieron las elecciones. “No nos podemos saltar las normativas. Si no se respeta los recursos que permite el Código de la Democracia, me pueden hasta destituir”.
Se abrió esta posibilidad, aunque, hasta el momento, el TCE ha declarado que eso no procede. Atamaint dijo que los recursos por supuestas infracciones electorales pueden tardar hasta dos años y que han decidido dejar que eso siga su curso y entregar las credenciales.
Joaquín Viteri, presidente encargado del TCE, explicó el martes pasado que no es posible entregar las credenciales a los consejeros electos mientras no se resuelvan todos los recursos, incluso, el que se refiere a una supuesta infracción electoral durante la postulación de tres candidatos.
En el TCE restan tres recursos ordinarios de apelación a los resultados y el de una supuesta infracción electoral. La noche del martes, esa entidad archivó uno de los que estaban pendientes y que fue interpuesto por el excandidato al Cpccs, Fausto Lupera.
De acuerdo con esa entidad, estaba previsto que hasta la noche de ayer el TCE resuelva otro recurso de apelación a los resultados de los comicios.
Para el presidente del TCE, los recursos presentados después de la
proclamación de resultados del pasado 17 de mayo son un intento de dilatar la posesión de los consejeros electos al Cpccs.
Sin embargo, tanto Viteri como Atamaint explicaron que son plazos que estipula el Código de la Democracia y que deben ser respetados.
En lo que respecta a la manifestación realizada ayer, cerca de 150 personas se apostaron en las afueras del CNE para pedir una audiencia con la principal de esa entidad.
Unos 22 representantes fueron recibidos en el Pleno del CNE por Atamaint y los vocales José Cabrera y Esthela Arco. Allí conversaron por más de una hora.
En el pleno intervinieron ocho representantes. Todos ellos hicieron énfasis en el mismo tema: ¿cuándo se entregarán las credenciales?
Efraín Yautibug, representante del movimiento indígena de Chimborazo, señaló que la manifestación no era a favor de ningún candidato electo. “Queremos que se respete la voluntad popular y que se posesione a los consejeros electos”.
Sin embargo, dentro de la comisión que fue recibida estuvo Rosa Chalá, candidata al Cpccs electa, según los escrutinios del CNE. Incluso, la primera intervención, la hizo ella. Intentó dejar claro que la manifestación no era a favor de ella sino de la institucionalidad del Consejo de Participación.
La posesión de los consejeros estaba prevista para el 14 de mayo pasado. Sin embargo, aún no se proclamaban los resultados oficiales y no contaban con las credenciales para que la Asamblea Nacional los posesione en sus cargos.
Debido a esto, el Consejo de Participación Transitorio decidió prorrogar sus funciones hasta que el definitivo se posesione.
Al momento, el Consejo Transitorio realiza trámites administrativos. Entre ellos la culminación de la mudanza al edificio original ubicado en el sector de Santa Prisca.
También se receptan las denuncias en temas de corrupción por parte de la ciudadanía. Esa entidad espera que se les notifique sobre la acreditación para concluir su mandato que fue parte del proceso de transición tras la Consulta Popular del 2018.