El consejero de minoría, Carlos Figueroa, calificó de ilegal la decisión adoptada por la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) de anular todas las resoluciones tomadas por el Pleno que lideraba Hernán Ulloa. Figueroa anunció este 10 de marzo del 2023 que presentará una acción de protección para revertir la última resolución.
“Yo puedo tomar acciones, como la acción de protección, que la voy a hacer personalmente. Es necesaria” porque existe un informe vinculante de la Procuraduría General del Estado, anticipó el consejero en una rueda de prensa, en Quito. Presentará el recurso en el transcurso de esta tarde o, en su defecto, el sábado 11 de marzo, cuando cuente con la resolución sobre la nulidad firmada.
En el Pleno virtual que sesionó la madrugada de este viernes, la presidenta del Cpccs Gina Aguilar, el vicepresidente Teddy Tama, y los consejeros Graciela Mora y Olindo Nastacuaz aprobaron la moción de este último. Declararon “la nulidad total de las resoluciones adoptadas” por el Pleno que dirigía Ulloa, desde el 18 de noviembre, fecha en que la Asamblea Nacional destituyó a cuatro personas: Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Ulloa. Figueroa votó en contra.
Serían 61 resoluciones en total las que se echaron abajo con la nulidad aprobada, según Figueroa. Se incluye la resolución del 2 de diciembre del 2022 sobre la designación de Roberto Romero como nuevo superintendente de Bancos. Cuestionó que la sesión fue aplazada por dos ocasiones y el último punto fue conocer el informe jurídico sobre la nulidad. A las 22:45 del 09 de marzo se entregó a los consejeros un documento de más de 60 hojas, que en un principio fue de 10, dijo.
Efectos de la nulidad
Según informó Figueroa, con la nulidad quedan “bloqueados” los procesos de designación de la Contraloría, de la Defensoría Pública y del Consejo Nacional Electoral. Así como cinco equipos técnicos. 73 funcionarios fueron despedidos y no hay personal para conformar dichos equipos.
La mayoría del Cpccs, encabezada por Aguilar, quiere desconocer la designación de Romero, a decir de Figueroa. Habló de un informe filtrado en el que constaba que “el único superintendente de Bancos, legalmente elegido y posesionando, era Raúl González”. Su posesión fue impedida por acciones judiciales y el Cpccs solicitó nueva terna, la encabezada por Romero.
En el Cpccs se dijo que la terna no llegó a tiempo, pero es mentira, llegó antes del 18 de noviembre cuando se destituyó a los cuatro vocales, incluso hubo un informe de admisión en la Comisión técnica, según Figueroa. Romero está legalmente designado, destacó.
La mayoría intenta demorar para que no se realicen los concursos de designación y “venga el correísmo y el Partido Social Cristiano e impongan las autoridades que les dé la gana”, a través de los consejeros que se posesionarán en mayo, sospechó.
Por otro lado, Graciela Mora, consejera de mayoría, dijo que la nulidad la hicieron bajo la “atribución de la Constitución”. Aseguró que no conoce el accionar de los nuevos consejeres y que cada proceso de designación tiene su tiempo. El nombramiento de la nueva autoridad de la Contraloría se daría a medidos de años, proyectó.
“No alcanzaríamos, tampoco estamos desesperados por hacerlo. Este espacio tiene que trabajar en temas de participación ciudadana, de control social, de lucha contra la corrupción. No es todo designar autoridades”, recalcó.
El 13 de marzo el Pleno tratará sobre el proceso del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral, confirmó Mora.
Auto de nulidad e informe vinculante
Figueroa basa su rechazo a la nulidad en dos puntos. Explicó que la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo echó abajo la acción de protección de los cuatro vocales destituidos por la Asamblea y desconoció todo lo actuado por el juez de la Concordia, Ángel Lindado.
“Ese auto de nulidad se refiere estrictamente a una acción de protección de los (ex)consejeros. Los que se metieron en otro asunto son los que ayer decidieron desconocer todo lo actuado del Cpccs. Me da vergüenza ajena”, exclamó.
La mayoría del Cpccs actual tomó ese auto de nulidad para desconocer todos los procesos de designación y de vía administrativa dentro de los concursos y los equipos técnicos del Cpccs, la Sala Multicompetente se reunió para tratar el tema de la nulidad, pero aún no existe una notificación, indicó.
El otro punto que destaca Figueroa es el informe vinculante de la Procuraduría emitido el 19 de diciembre del 2022, en respuesta a una consulta de la Defensoría del Pueblo y a la Función de Transparencia.
En ese informe la Procuraduría concluye que en las resoluciones aprobadas por el Pleno del Cpccs en los procedimientos de designación de autoridades, temporales o definitivas, no existe habilitación expresa que le permita revisar las designaciones efectuadas. También concluye que el Cpccs carece de competencia para revisar los actos administrativos cuando se trata de designación de autoridades realizadas a través de un proceso en el que la ciudadanía ejerció su derecho de participación.
Esto no procede, según Mora. Interpreta que esto aplica para la designación de Romero porque no hubo participación ciudadana porque se trató de una terna donde participa la ciudadanía a través de una veeduría ni impugnación.
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