La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional calificó el inicio del juicio político contra la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes.
Los miembros de la Comisión votaron este viernes 13 de junio de 2025.
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Comisión calificó juicio político contra Solanda Goyes
El pedido de juicio político lo realizó el asambleísta de ADN, Fernando Jaramillo, el 24 de abril de 2025.
El documento señala a Goyes por un supuesto incumplimiento de funciones y boicot institucional tras abandonar una sesión del CJ y dejar sin quorum al Pleno. En la reunión se iba a aprobar el reglamento de selección de jueces.
Esta infracción está catalogada como grave.
Votación
Los 10 miembros de la Comisión de Fiscalización votaron este viernes. La calificación del juicio político se aprobó con seis votos.
A los votos a favor del presidente y la vicepresidenta, Ferdinan Álvarez y Nataly Morillo, se sumaron los de las legisladoras oficialistas Ana Tapia, Fabiola Sanmartín y María Villacreces. Así como el del asambleísta de Pachakutik, Luis Nango.
Por otra parte, se abstuvieron los correístas: Fricson George, Ana Herrera, Nanki Lauro y Katherine Erazo.
Los legisladores de Revolución Ciudadana argumentaron que lo ideal sería investigar a todos los integrantes del Consejo de la Judicatura.
Tanto Fernando Jaramillo como Solanda Goyes tienen 15 días para presentar las pruebas de cargo y descargo, respectivamente.
Goyes será la primera funcionaria en enfrentar un juicio político en nueva Asamblea
Goyes será la primera funcionaria en enfrentar un juicio político en la nueva Asamblea Nacional, tras la negativa de seguirle un proceso similar a Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa.
Solanda Goyes asumió como vocal suplente en abril de 2021 y como vocal titular en febrero de 2024.
Es doctora en Jurisprudencia y licenciada en Ciencias Públicas y Sociales; y especialista en Métodos Alternos de Solución de Conflictos. También cuenta con un Máster en Derecho Constitucional.
Su trayectoria incluye asesoría para varias instituciones del Estado; fue directora del Instituto de la Democracia y responsable en Ecuador del área de Género y Democracia de Ágora.
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