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Ausencia de Freddy Carrión causa disputa en dos organismos

El lunes 26 de julio del 2021, el juez Adrián Rojas declaró la validez de lo actuado por Fiscalía en la investigación al Defensor del Pueblo. Foto: cortesía Fiscalía

Hoy, 28 de julio del 2021, se cumplen 72 días desde que el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, cumple prisión preventiva por un supuesto abuso sexual.

En las últimas semanas otro actor se sumó a la polémica que envuelve al organismo de derechos: el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).

El viernes, los consejeros Sofía Almeida y David Rosero, presidenta y vicepresidente del Cpccs, respectivamente, junto a Ibeth Estupiñán y Juan Javier Dávalos, aprobaron una resolución que incluye un informe sobre la situación de la Defensoría del Pueblo.

El texto apunta a Zaida Rovira, quien desde el 17 de mayo pasado ejerce como defensora del Pueblo subrogante.

El documento indica que el proceso contra Carrión guarda relación con “hechos de naturaleza personal y privada” que aún se encuentran en investigación. Además, consta que Rovira fue cesada en funciones como vicedefensora el 18 de junio por Carrión, mientras cumplía prisión en la Cárcel 4. “Por lo cual todo acto en dichos cargos, posterior a la fecha señalada, carece de valor”.

Sofía Almeida, titular del Cpccs, recordó que se hicieron observaciones al primer informe sobre la Defensoría, que fue firmado por el excoordinador de asesoría jurídica, Freddy Viejó.

Se incorporaron-dijo- elementos sobre la presunción de inocencia de Rovira de usurpar funciones.

María Fernanda Rivadeneira, consejera de minoría del Cpccs, cree que es un informe sesgado y que sobrepasa las atribuciones del Consejo.

“Ahora resulta que el Cpccs se ha convertido en Fiscalía para establecer quién ha cometido un delito. Y en jueces, para determinar si un acto administrativo es válido o no”.

El día que se aprobó la resolución, Rovira solicitó medidas cautelares para que el Cpccs se abstenga de decidir sobre la Defensoría del Pueblo.

La funcionaria denunció que “se pretenden apoderar” del organismo. Sin embargo, las medidas cautelares no le fueron otorgadas.

Tras la aprobación del informe del Cpccs, Rovira insistió en la ilegitimidad de la cesación de Carrión “que no podía ni debía ser suscrita” con firma electrónica en un centro de privación de libertad, donde es prohibido el ingreso de dispositivos móviles.

En el informe, además, el Cpccs pide a la Fiscalía “dar celeridad” a la investigación de la denuncia presentada por Tania Castillo contra Rovira.

Castillo es la funcionaria a la que Carrión intentó designar como nueva vicedefensora para que lo subrogue. Ella acusa a Rovira de supuesta usurpación de funciones.

Sobre ese tema, el 19 de julio último, el juez Wilmer Zambrano ya reconoció a Rovira como la representante legal de la Defensoría del Pueblo.

El consejero de minoría del Cpccs, Hernán Ulloa, votó en contra del informe y pidió a sus colegas que no hagan otro “papelón nacional”. Acusó al Consejo de mantener una discrecionalidad en los pedidos de investigación a la Fiscalía.

Karina Ponce, consejera suplente del Cpccs, remitió una carta a la Asamblea Nacional en la que denuncia que con el informe del Consejo se pretende “dar legitimidad a las acciones” de Carrión.

Incluso habló de “sospechas” de que un exfuncionario del Consejo de Participación tiene aspiraciones personales para ser nombrado Defensor del Pueblo encargado.

Almeida rechazó esa misiva y dijo que se pretende “mancillar la imagen del Cpccs”.

Con esa pugna de autoridades de por medio, el debate ahora se centra en cuándo se configuraría la ausencia definitiva de Carrión, que abriría la posibilidad a que el Cpccs designe a un Defensor encargado, mientras lleva a cabo un concurso para nombrar a un nuevo titular.

El artículo 15 de la Ley de la Defensoría del Pueblo establece que se configurará la ausencia definitiva después de 90 días de abandono del cargo. Según Rovira, el plazo concluye a mediados de agosto.

El abogado de Carrión, Stalin Raza, en cambio, dice que esa condición se cumpliría a mediados de septiembre. Mencionó que su defendido se acogió a una licencia de vacaciones, hasta el 17 de junio. “Recién a partir de ahí se deben contar los tres meses”, dijo.

El lunes se realizó la audiencia preparatoria de juicio contra Carrión. La Fiscalía, liderada por Diana Salazar, presentó 36 evidencias y lo acusó como autor del supuesto delito de abuso sexual, que se sanciona con cárcel de tres a cinco años.

El juez Adrián Rojas deberá decidir si llama o no a juicio a Carrión. Se prevé que en esta semana se retome la audiencia que se suspendió el lunes 26 de julio.

La normativa

Ley de la Defensoría del Pueblo dice que la ausencia definitiva se da a partir de los tres meses sin el titular.

En caso  de ausencia temporal, como ocurre ahora, reemplaza al Defensor la vicedefensora (Rovira).

Cuando ocurre la ausencia definitiva, el Cpccs debe nombrar un Defensor encargado y llamar a nuevo concurso.

Solo con la renuncia aceptada por la Asamblea, asume la Vicedefensora, mientras el Cpccs hace el concurso.

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