La disolución de la Asamblea con la aplicación de la denominada muerte cruzada dejó en el desempleo a cientos de funcionarios que tenían contratos ocasionales, además de los 137 legisladores, que no tendrán derecho a indemnizaciones.
Con esta medida, que consta en el Decreto Ejecutivo 741, el miércoles 17 de mayo del 2023, finalizó el periodo de cuatro años para el cual fueron designados los parlamentarios. A su vez, derivó en la terminación anticipada de los contratos del personal legislativo ocasional.
En el artículo 50 la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que “esta disolución no otorga a los asambleístas ni al personal legislativo ocasional, derecho a reparación o indemnización alguna”.
Asambleístas y funcionarios cesados
Según el expresidente del Parlamento Virgilio Saquicela (independiente), esta medida afecta a por lo menos 548 colaboradores que dependían del despacho de los 137 legisladores (2 asesores y 2 asistentes por cada asambleísta), y otras 300 personas que laboraban en administración y otras áreas.
“La misma norma constitucional y la Ley establece que, en caso de la disolución del Parlamento, tiene que quedar a cargo del mismo el administrador general, que es el ingeniero Miguel Pesántez, y tendrá que resolver un equipo mínimo administrativo que tiene que darle funcionamiento a la Asamblea Nacional porque hay muchos temas que tienen que ser tratados”, mencionó.
Saquicela descartó acudir a instancias internacionales por la decisión de Guillermo Lasso, a la que tachó de “inconstitucional” y una medida desesperada para evitar ser destituido mediante juicio político.
El titular parlamentario cesado exigió un pronunciamiento inmediato de la Corte Constitucional sobre la validez del Decreto Ejecutivo 741.
Secretaría General, en el limbo
Otros dos funcionarios están en la incertidumbre. Se trata del secretario General de la Asamblea, Álvaro Salazar, y del prosecretario, Carlos Iglesias. Su designación depende del Pleno de la Asamblea.
En su caso, la Ley no dice si también acaba su misión con la disolución de la Legislatura o continúan como aquellos que tienen nombramiento definitivo y que no superan el 30% de la planta de la Asamblea.
Su presencia es importante para el manejo de documentación del Parlamento, la entrega de certificados, por ejemplo.
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