Las autoridades de la Superintendencia de Bancos, Compañías, Contraloría, Procuraduría y también del Consejo Nacional Electoral (CNE) están en la mira de las fuerzas políticas de oposición en la Asamblea Nacional.
Después de que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) calificó a trámite cinco de los pedidos de interpelación, ayer, en el último día de plazo que tenía para pronunciarse, la Comisión de Fiscalización se reunirá para arrancar con la sustanciación.
El titular de la mesa legislativa, Fernando Villavicencio (Ind.), manifestó este lunes 25 de octubre de 2021 que estos procesos serán tramitados en el orden que el CAL los remita a esta instancia. Las reformas a la Ley Legislativa estipulan que no se puede sustanciar más de un juicio político a la vez.
Dos de los pedidos de interpelación son en contra del superintendente de Compañías, Víctor Anchundia; uno contra la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, otro contra el contralor subrogante, Carlos Riofrío, y el último contra el procurador General del Estado, Íñigo Salvador.
El proceso contra Anchundia lo impulsan, por separado, los asambleístas Ricardo Vanegas, de Pachakutik, y Luis Almeida, del PSC, por un supuesto incumplimiento de funciones en el caso del perjuicio al Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) y el manejo de los seguros.
A la superintendenta Arregui, el asambleísta Darwin Pereira, de Pachakutik, busca que sea interpelada por una supuesta falta de control a las entidades bancarias, tras los ataques informáticos al Banco Pichincha.
Asimismo, los asambleístas Ronny Aleaga y Ferdinand Álvarez, del correísmo, pidieron que el contralor subrogante, Carlos Riofrío, y el procurador General del Estado, Íñigo Salvador, respectivamente, sean llevados a juicio político por supuesto incumplimiento de funciones.
Aleaga rechazó que el CAL haya cambiado el orden en el que fueron ingresadas estas solicitudes al Parlamento para su calificación, pues el pedido contra Salvador fue presentado primero.
“Esto evidencia un claro encubrimiento y nuevamente parece ser que tratan de defender a estas autoridades tal como lo hicieron con el exministro Richard Martínez, alargando los tiempos”, señaló.
Sin embargo, Pereira y Johana Moreira (ID), vocales del CAL, refutaron estos criterios. “No tiene que ver con una coyuntura, sino con lo que se necesita trabajar”, remarcó Moreira. En promedio, a la Comisión de Fiscalización le toma un mes sustanciar estos pedidos.
Además, el 13 de octubre pasado, los asambleístas Mario Ruiz y Joel Abad, de Pachakutik, presentaron una solicitud de juicio político en contra de las cinco autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), que aguarda por su calificación en el CAL. El pedido incluye al exconsejero Luis Verdesoto, quien renunció.
Ruiz y Abad acusan a las autoridades del organismo de haber incumplido con sus funciones en el pasado proceso electoral, al no haber permitido un recuento de votos en 39 000 urnas en las juntas receptoras del voto, conforme lo solicitó el excandidato presidencial de Pachakutik, Yaku Pérez.
En el caso del exministro de Energía, René Ortiz, el juicio político se dará mañana en el Pleno, conforme a la solicitud presentada por los asambleístas Luis Almeida y Salvador Quishpe (Pachakutik) por los problemas en el cobro de tarifas eléctricas del año pasado.
