La Asamblea Nacional tuvo una sesión virtual este jueves 27 de junio de 2024 para conocer la resolución en asegurar la continuidad de la atención a pacientes derivados de la Seguridad Social en Solca y otros proveedores de servicios de salud a nivel nacional.
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Viviana Veloz, primera vicepresidenta de la Asamblea, señaló que los problemas del sistema de salud pública no se subsanan con decretos, sino que se necesita de atención, recursos y adquisición de nuevos equipos, como ecógrafos y tomógrafos, para todas las casas de la Red de Salud.
“El Presidente debe entender que debe asignar presupuesto, ejecutar presupuesto”, declaró Veloz, reclamando que las deudas a los prestadores de salud ponen en riesgo la vida de los pacientes críticos.
Declaraciones en la Asamblea Nacional
Vicente Taiano, legislador del Partido Social Cristiano (PSC) en el tratamiento del pedido de cambio de orden del día, enfatizó que “no tiene presentación que hoy quienes han aportado toda su vida a la Seguridad Social tengan que mendigar para acceder a servicios de salud“.
Taiano reclamó sobre los problemas estructurales del Sistema de Salud y la administración fraudulenta y corrupción en el Ministerio de Salud y el IESS.
“¿Dónde está la plata de los aportantes?”, preguntó, asegurando que la deuda al IESS asciende a más de 1 300 millones de dólares y exigió al Gobierno que pague inmediatamente los 90 millones de dólares de deuda a Solca.
Jorge Chamba, asambleísta de Construye, destacó que “Guayas reclama sus derechos; Solca reclama sus derechos, son cerca de 100 millones de dólares que se le adeuda. Es inaceptable que siga la situación de la salud en picada. Pido que se priorice las cosas importantes. Que esperen los pagos, más importante es la vida del presidente”.
La legisladora Romina Guerra indicó que la situación de los pacientes de diálisis en Los Ríos y Guayas es crítica, manifestando que la atención médica por insuficiencia renal crónica es vital y las consecuencias de no acceder al servicio serán catastróficas.
Guerra se refirió a las manifestaciones de los pacientes enfermos en las calles de Los Ríos pidiendo atención, rogando por un derecho.
Franklin Samaniego, asambleísta de Revolución Ciudadana (RC), recordó la serie de acciones de fiscalización a las diferentes casas de salud. Señaló que, paralelamente a este exhorto, la Comisión de Participación Ciudadana está desarrollando la fiscalización del acuerdo con el FMI, velando por los derechos de los ciudadanos.
“La garantía de los derechos y la necesidad de recursos deben incluirse en el exhorto“, solicitó el asambleísta por Pichincha.
Situación del sistema de salud de Manabí y resolución
Jaminton Intriago, asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), detalló la situación de su provincia, Manabí, reclamando que “ahora se juega con la vida, con la salud y con la plata de la gente”.
De igual forma, criticó el abandono de la salud en el país y preguntó “¿dónde está la plata de los aportantes?”. Felicitó la iniciativa de Vicente Taiano e insistió en que desde el Legislativo estarán vigilantes.
¿Qué validez tiene esto frente al Gobierno?
La resolución aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador busca garantizar la continuidad de la atención a pacientes derivados de la Seguridad Social en la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador (Solca) y otros proveedores de servicios de salud.
Esta medida se adopta en un contexto de importantes deudas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) con Solca, que han afectado la atención médica.
El IESS tiene una deuda significativa con Solca, que ha llevado a suspender temporalmente la atención a nuevos pacientes en algunas de sus sedes. La deuda acumulada alcanza más de 100 millones de dólares a nivel nacional, afectando a miles de pacientes oncológicos.
La resolución de la Asamblea Nacional obliga al Gobierno a priorizar el pago de estas deudas para asegurar que los servicios médicos no se interrumpan y que los pacientes reciban la atención necesaria sin tener que enfrentar largas esperas o suspensiones de servicios críticos. Sin embargo, esta resolución es solo un pedido de la Asamblea al Gobierno, lo que no garantiza que se cumpla ese pago inmediato.