Asamblea Nacional aprueba reforma a la ley contra la trata de personas en Ecuador

La reforma plantea cambios en las penas y medidas de protección para víctimas de trata de personas en Ecuador.

Fecha de publicación:

Fecha de modificación:

La Asamblea Nacional aprobó este martes 20 de octubre, por unanimidad de los 144 legisladores presentes, una reforma a la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. El proyecto pasó en segundo debate y será enviado al presidente de la República, quien podrá sancionarlo o vetarlo parcialmente.

La propuesta modifica disposiciones sobre prevención, protección, investigación y sanción de estos delitos. También ajusta la normativa ecuatoriana a estándares internacionales y a la sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso Furukawa.

Cambios en las penas y nuevas formas de explotación

La reforma elimina la exigencia de probar amenazas, fuerza o engaño para configurar el delito de trata cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes. Además, incorpora al Código Orgánico Integral Penal (COIP) el matrimonio forzoso y la unión de hecho forzada como delitos autónomos, y suma la servidumbre de la gleba entre las modalidades de explotación.

Las penas por trata de personas se fijarían entre 19 y 22 años en el tipo básico agravado. Subirían de 22 a 26 años si la víctima pertenece a un grupo de atención prioritaria o existe un vínculo de dependencia; de 26 a 30 años cuando se ocasionen daños graves o irreversibles, y de 30 a 35 años si la víctima muere.

Protección a víctimas e investigaciones financieras

El texto contempla que las víctimas reciban atención médica, protección integral y asistencia legal inmediata, sin que estos servicios dependan de su participación en el proceso penal. También establece una evaluación obligatoria de riesgos antes de ejecutar retornos asistidos, en aplicación del principio de no devolución.

En el ámbito financiero, la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero y Económico podrán realizar investigaciones patrimoniales paralelas para rastrear e inmovilizar activos ilícitos vinculados con el crimen organizado. La reforma también plantea mecanismos de prevención y canales de denuncia anónima frente a la captación de víctimas en redes sociales y otros entornos digitales.

Durante el debate, legisladores señalaron la necesidad de coordinar acciones con los gobiernos autónomos descentralizados y reforzar los controles en plataformas digitales y sectores considerados de riesgo. La comisión que tramitó el proyecto fue presidida por Lucía Jaramillo, quien presentó el informe para segundo debate.

Te recomendamos