La votación en paquete y el hecho de que en las 268 amnistías se incluyeran casos de secuestro son dos de los capítulos que generan controversia. Asambleístas que prepararon el informe lo defienden, mientras otros anuncian acciones de inconstitucionalidad.
De los 268 beneficiados, en su mayoría, son defensores de la naturaleza o líderes comunitarios, pero también otras 60 personas involucradas en las protestas de octubre de 2019. Todo esto, sin diferenciar tampoco casos de presuntos secuestro, minería ilegal o tráfico de tierras.
¿Puede ser revertida? Byron Maldonado, asambleísta de Creo, y Esteban Torres, del Partido Social Cristiano (PSC), votaron en contra y consideraron que se podría evaluar una acción de inconstitucionalidad.
“Hay una tela de legalidad sobre si la decisión de la Asamblea está en firme como todos pensaríamos o si hay la posibilidad de que esto se revise”, señaló Torres.
Límites
El último inciso del art. 120 de la Constitución dice que “no se concederán amnistías por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia”.
El constitucionalista Ismael Quintana dice que el “prácticamente el único camino” es acudir a la Corte Constitucional, pues ya en 2019 determinó que las resoluciones parlamentarias de amnistías son actos legislativos, que pueden ser impugnados por incumplimiento.
En eso concuerdan otros expertos como Emilio Suárez o Andrés Cervantes. La sentencia en mención señala que “la amnistía –a diferencia del indulto- es un acto legislativo que tiene carácter general y un alcance amplio que permite beneficiar indistintamente a todos los implicados en un hecho delictivo”.
Otro constitucionalista, André Benavides, sostiene que “las amnistías se caen con acción de protección debido a la violación a la seguridad jurídica respecto de aquellos casos que fueron más allá de los límites del Art.120”. Pero Quintana señala que esto sería más difícil de demostrar en la justicia ordinaria.
La presentación del informe estuvo a cargo de la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo y Pachakutik.
Su presidente, Fernando Cabascango (PK), señaló que no hay una sentencia que haya catalogado de secuestro a lo ocurrido en la Casa de la Cultura, cuando policías y periodistas fueron retenidos contra su voluntad en las protestas, y que protagonizaron Leonidas Iza y Marlon Vargas, dos de los amnistiados.
Rafael Lucero, coordinador del bloque de Pachakutik, matizó que en algunos casos se confunde secuestro con aplicación de justicia indígena. Sin embargo, en el expediente también constan procesados por minería ilegal o tráfico de tierras.
Policías y militares
La prefecta Paola Pabón, una de las beneficiadas, dijo que “no me preocupa y no me extraña” que haya sectores que planeen recurrir a estas acciones, y defendió a la Asamblea. Sostuvo que esto contribuye a una reconciliación del país.
Pabón manifestó en Ecuavisa que estaría de acuerdo con que incluso para este beneficio se incluyan a policías y militares que enfrentan procesos por octubre de 2019, como lo solicitó el consejero presidencial Diego Ordóñez.
Sin embargo, Quintana anotó que ellos sí pueden invocar a la resolución de la Asamblea para que sus procesos se extingan, porque las amnistías son el olvido de hechos en general.
Aprobación en paquete
Las reacciones continúan después de que a las 4:00 de la madrugada del jueves 10 de marzo del 2022, con 99 votos a favor, en contra y abstenciones, el Pleno aprobó esta resolución, con un debate que no tomó más de media hora.
El jefe de bloque de la Izquierda Democrática (ID), Marlon Cadena, y Eithel Zambrano, de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), aseguraron que les tomó por sorpresa que el correísmo y Pachakutik –que controlan 73 curules- consiguieren 99 votos para esta decisión.
“La información que manteníamos es que no tenían esa cantidad de votos, llegaban a 86 votos, pero algo pasó claramente”, aseguró Zambrano. El BAN agrupa a Creo y asambleístas independientes: si bien los 12 del movimiento de Gobierno no votaron a favor, los demás sí lo hicieron.
Aunque el procedimiento parlamentario permitía a cualquier asambleísta pedir que no se vote en un solo paquete, sino por partes, ninguno presentó esa moción. Según Cadena, “dadas las circunstancias” no pudieron mocionar que se lo haga por temas o por causas.
“No había un acuerdo previo. Nosotros somos un partido orgánico, disciplinado, pero debido a muchas circunstancias, incluso de los territorios, que recibieron llamadas de alguna dirigencia de provincias, los asambleístas tomaron una decisión final”, adujo.