Cientos de ciudadanos acudieron a la terminal terrestre de Quitumbe para comprar boletos, pero no había buses. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) definieron el cálculo para que cada municipio revise las tarifas de transporte urbano, ante la eliminación del subsidio a los combustibles.
Ayer 5 de octubre del 2019, la Secretaría General de Comunicación informó que según el análisis de la ANT, se justifica un incremento de mínimo 5 y máximo 10 centavos de dólar al precio de los pasajes que actualmente rigen. “Serán los municipios los encargados de ratificar la tarifa vigente en su cantón, en función de sus competencias”, reza el comunicado.
En el documento se adelanta que no habrá incremento en la tarifa preferencial para estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores, niños y adolescentes. Además, se ratificó que la regulación de la tarifa de taxis es competencia de cada Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD).
La tarde de ayer (5 de octubre) se reinstaló el Directorio de la ANT para adoptar una resolución sobre el incremento de las tarifas del transporte intraprovincial (entre cantones) e interprovincial.
La entidad aprobó fijar un techo máximo de 32% de incremento en las tarifas vigentes de esas modalidades. Igualmente, no habrá alza en las tarifas preferenciales.
Gabriel Martínez, ministro de Transporte, apuntó que el Gobierno pedirá a cada GAD que aplique la fórmula definida por la ANT para el ajuste tarifario. Refirió que el incremento se deberá realizar según la realidad y las necesidades de cada ciudad.
El techo de la tarifa del pasaje urbano se dio a conocer un día después de que un sector de la transportación depuso el paro de actividades.
Dirigentes de la Transportación acudieron ayer al Ministerio de Transporte, en Quito. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
A pesar de que se suspendió la medida de hecho, ayer el servicio de buses urbanos e interprovinciales fue irregular en varias ciudades del país.
En Quito, pocas unidades recorrieron las calles. Las líneas que ofrecieron el servicio fueron, sobre todo, las interparroquiales que cumplen rutas hacia el valle de Los Chillos.
En la terminal terrestre de Quitumbe (sur), cientos de ciudadanos adquirieron boletos para viajar a otras localidades pero no había buses para cumplir las rutas, esto generó molestias en los usuarios.
En el área urbana, las personas tuvieron que viajar en camionetas o compartieron vehículos. Otros prefirieron usar taxis, después de que el gremio depusiera la paralización.
La Empresa de Pasajeros de Quito confirmó que las rutas alimentadoras suspendieron su servicio por riesgo en la circulación. Sin embargo, permanecieron habilitados todos los circuitos de la Ecovía y Trolebús.
Además, la Alcaldía desestimó que se haya concretado un incremento de la tarifa de buses urbanos. Ney Martínez, gerente del Corredor Central Norte, aseguró que la tarifa de USD 0,25 no cambiará mientras no lo disponga el Concejo Metropolitano.
Justamente, el ajuste tarifario -tras la eliminación del subsidio al diésel- es el principal tema de negociación entre los transportistas y el Gobierno.
La cita se efectuó en el Ministerio de Transporte, en el norte de la capital. Hasta ese punto llegaron dirigentes del transporte urbano de Quito, encabezados por José Santamaría, presidente de la Cámara de Transportes de Pichincha.
Sin embargo, los conductores evitaron pronunciarse.
Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros (Fenacotip), quien anunció la terminación del paro, ratificó que la decisión de revisar las tarifas la debe tomar el Gobierno.
El dirigente dijo que ya entregaron su pedido al Régimen, que básicamente era la derogación del Decreto 883 que liberó el precio de los combustibles.
Sobre la operación irregular del transporte interprovincial, Gómez indicó que la dirigencia preveía presentar una evaluación hasta las 18:00 de ayer.
Luis Vizcaíno, presidente de la Federación de Transporte Pesado (Fenatrape), ratificó que irán al diálogo con el Gobierno, planteando medidas como un plan de chatarrización con un bono de USD 27 000 para renovar camiones.
También piden un incremento del 30% de las tarifas en todas la modalidades de transporte, así como la exoneración de aranceles, llantas y aceite.
Ante la operación irregular del servicio de transporte de pasajeros y las movilizaciones, el presidente Lenín Moreno suspendió un viaje que tenía programado a Alemania.
Además, ayer se instaló el Gabinete Ministerial en Carondelet, para analizar la situación del país. Según el canciller José Valencia, citado por agencias internacionales, el Mandatario decidió permanecer en el país para monitorear “personalmente” las movilizaciones y paralizaciones.
En Portoviejo, por ejemplo, el gremio de taxistas continúa paralizado. Mientras, en Guayaquil y Manta el servicio de transporte urbano no se ha restablecido por completo.