17 de diciembre de 2019 00:00

Dos visiones sobre el paro de octubre están en pugna

El 31 de octubre fue la última vez que el Gobierno y la Conaie se sentaron en la misma mesa, después del paro. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO

El 31 de octubre fue la última vez que el Gobierno y la Conaie se sentaron en la misma mesa, después del paro. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO

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Daniel Romero Redactor (I)
politica@elcomercio.com

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El proyecto tributario enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional está a punto de ser aprobado. El traspié que tuvo su primera versión se superó y en la normativa que entraría en vigor antes de finales de este año, no se tomó en cuenta la propuesta que presentó el denominado Parlamento de los Pueblos.

Este martes 17 de diciembre del 2019, el Pleno del Legislativo resolverá de la Comisión de Régimen Económico que recomienda allanarse en el 90% de observaciones hechas por el Ejecutivo a la Ley de Simplificación Tributaria.

Sin embargo, dos meses y cuatro días después de que finalizó el paro (13 de octubre del 2019), ambos actores no han avanzado en lo que era un compromiso alcanzado con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Conferencia Episcopal: la elaboración de un nuevo decreto para regular las tarifas de los combustibles.

Tanto el Gobierno Nacional como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) intentan posicionar su versión sobre lo ocurrido durante los 11 días de violentas protestas.

El Ejecutivo optó por avanzar en ese decreto con la participación de otros sectores que no están vinculados directamente con la Conaie. Mientras que el movimiento indígena dejó todo en manos del Ejecutivo después de presentar la propuesta económica alternativa elaborada por el Parlamento de los Pueblos.

El Ejecutivo, en instancias internacionales, ha defendido su actuación no solo en la contención de las manifestaciones sino también en el manejo después del paro en lo que se refiere al diálogo que lleva adelante con diferentes sectores.

Este lunes 16 de diciembre del 2019, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, expuso sobre la crisis política y de seguridad que vivió el país durante los primeros días de octubre en el Colegio Interamericano de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Romo dijo que “la narrativa del Gobierno represor se instaló con facilidad a pesar de que la actuación de las instituciones de seguridad fue para defender la democracia”. Añadió que “los ciudadanos necesitan conocer la verdad, no solo una versión de lo ocurrido”.

Por su parte, la Conaie optó por exponer lo que considera la violación de Derechos Humanos durante las protestas. La última acción impulsada fue la creación de la Asociación de Víctimas del Paro Inocencio Tucumbi. Presentaron un pedido a la Corte Constitucional (CC) para que el Estado desclasifique la información de las jornadas de octubre.

De acuerdo con la Conaie, actualmente se concentran en recorrer sus comunidades para fortalecer a su organización; además enfrentan las acciones legales presentadas en su contra tras las manifestaciones.

En medio de estas dos posiciones, tres entidades del Estado (Fiscalía, Asamblea y Defensoría del Pueblo) llevan adelante una indagación sobre lo ocurrido. En el Legislativo y la Fiscalía, por ejemplo, se investiga como posible delito el presunto secuestro de policías durante las jornadas.

Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi y el líder la Conaie, Jaime Vargas, están convocados para rendir su versión el próximo 30 de diciembre.

En la mesa legislativa que preparó un informe para el Pleno, se escucharon los testimonios de mujeres policías que denunciaron una agresión sexual por parte de manifestantes durante su retención.

También sigue su curso el proceso en contra de la aún prefecta de Pichincha, Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González por una supuesta instigación a la rebelión. Este lunes, la audiencia para tratar el pedido de revocatoria de la prisión preventiva de Pabón fue suspendida.

Los exasambleístas del bloque correísta Soledad Buendía, Carlos Viteri Gualinga y Gabriela Rivadeneira, permanecen ya dos meses bajo la protección de la Embajada de México. De ellos, solo Rivadeneira tiene un proceso iniciado por Fiscalía sobre una supuesta instigación a la violencia.

En lo que respecta a las indagaciones internacionales, está previsto que, hasta finales de este mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presente su informe final sobre la información recogida tras la crisis de octubre.

Hechos del paro

7 octubre del 2019
El movimiento indígena llega a Quito y se concentra en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para protestar en contra del Decreto Ejecutivo 883.

10 de octubre 2019
En el Ágora, los manifestantes retienen a 10 policías. Este es uno de los hechos por los que existe una indagación abierta por parte de la Fiscalía General.

12 de octubre 2019
Este día se registraron los hechos más violentos durante las protestas. Ocurrió el incendio de la Contraloría, hecho que también es investigado.

13 de octubre 2019
El Gobierno Nacional y la dirigencia del movimiento indígena llegan a un acuerdo para poner fin a las protestas con la derogación del Decreto 883.

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