22 de junio de 2020 00:00

Pandemia reactivó planes del sistema integrado de recaudo

Los buses volvieron a operar el 3 de junio. En la foto, unidades en la av. 12 de Octubre. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO.

Los buses volvieron a operar el 3 de junio. En la foto, unidades en la av. 12 de Octubre. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO.

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Ana María Carvajal
Redactora (I)

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De un panorama diario de buses repletos, con gente empujándose para lograr entrar a una unidad, Quito pasó a una imagen distinta en la que la mayoría de buses viajan ocupados al 50% de su capacidad.

La norma fue dictada en medio de la emergencia sanitaria, con el fin de evitar que en los buses llenos se propague el covid-19 a alta velocidad.

Según la OMS, el transporte público es el segundo espacio de mayor riesgo de contagios, debido a las dificultades para mantener distancia y la necesidad de tocar superficies posiblemente contaminadas.

Además del límite en el aforo, el Municipio planea anular paulatinamente otra fuente de contagios en los buses, estaciones y paradas: el pago en efectivo del pasaje.

El plan, explica Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Cabildo, es crear un código QR que permita que la gente pueda pagar el pasaje usando su celular para escanear esa imagen. El miércoles 24, Abad se reunirá con autoridades de la Superintendencia de Bancos para solicitar su gestión. La idea es que las entidades financieras permitan que se debite el valor del pasaje de las cuentas de sus clientes.

Este sería el primer paso en un tema pendiente para Quito. Se trata del sistema inteligente e integrado de recaudo.

De momento, según Abad, como resultado de una consultoría de la Politécnica Nacional se abrieron los protocolos para que, en el futuro, además del QR, se pueda pagar con billetera electrónica, tarjeta recargable, tarjetas de crédito.

Abad explica que el transporte en el Distrito Metropolitano mueve aproximadamente USD 500 000 diarios, por los tres millones de viajes que normalmente se realizan en el sistema de transporte convencional y municipal.

En las condiciones actuales, se calcula que hay 1,3 millones de viajes, por las restricciones.

El gremio del transporte ha participado en reuniones para tratar este tema y otro que les inquieta: la tarifa que en Quito está congelada desde hace 17 años en 25 centavos.

Usuarios se movilizaron en el Corredor Central Norte. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO.

Usuarios se movilizaron en el Corredor Central Norte. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO.

En la Comisión de Movilidad se acordó que la próxima semana se trataría el proyecto de ordenanza de política tarifaria que está listo, según Abad, desde el año pasado.

Pero este no fue analizado debido al paro nacional de octubre. El azote del covid-19 volvió a demorar su tratamiento.

Ahora, según el concejal Eduardo del Pozo, se ha conversado sobre la posibilidad de que se establezca una transitoria que permita que una tarifa para los buses se aplique durante la emergencia sanitaria y otra, la definitiva, cuando esta haya sido superada.

El jueves, dirigentes de Unitrans, una agremiación del transporte convencional, ofrecieron una rueda de prensa. En su representación, Jorge Yánez señaló que debido a la pandemia, los transportistas enfrentan una situación compleja, pues reportan pérdidas por USD 4 millones.

Yánez exhortó a los concejales para que se apresuren en decidir la revisión de la tarifa. Aunque no habló de un paro, señaló que poco a poco irá desapareciendo el transporte de las rutas de la ciudad, porque, dijo, los propietarios de las unidades no pueden sostener más el servicio.

Ahora, con buses al 50% de su capacidad, los transportistas deben pagar por combustible, sueldo de conductores y mantenimiento. “No se puede formalizar un trabajo forzoso ni obligar a quienes tienen buses convencionales a que salgan a trabajar poniendo de su bolsillo”, puntualizó.

Para Abad, el diálogo es la única salida y no las amenazas. El funcionario está consciente de que existe un desequilibrio financiero, porque también afecta a la Empresa de Transporte de Pasajeros.

Por eso plantea el aumento de la tarifa o una propuesta del Concejo. Independientemente de eso, cree que es vital que se cumplan las normas de bioseguridad frente al covid-19.

Está previsto que 300 unidades se sumen a las 1 400 que al momento están prestando servicio para cubrir la demanda cuando el sector público vuelva al trabajo presencial.


Por otro lado, Del Pozo señala que tratar la ordenanza pendiente es urgente porque incluye también a la tarifa del Metro y para licitar al administrador del sistema se necesita tener claras las cifras.

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