El rechazo a la política extractivista es el planteamiento general que presentarán las organizaciones indígenas al Gobierno en la mesa de energía y recursos naturales. La delegación se instaló este miércoles 24 de agosto del 2022 en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en Quito.
El Ministerio de Energía y Minas es la institución que lidera esta mesa, por parte del Gobierno. Su titular no proporcionó declaraciones a la prensa.
Samuel Lema, dirigente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), describió los cuatro puntos de la propuesta que plantearán en la mesa: moratoria petrolera; auditoría a las actividades extractivas; que exista una consulta previa, informada y autodeterminación en la Amazonía; y reformas al Reglamento a la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
“En este tema ya hemos trabajado, ya traemos directamente la propuesta para presentar al Gobierno, pero entendemos que ahora es la mesa cero”, manifestó el dirigente. En esta jornada se realiza una socialización de los temas.
Decreto y actas
Hatari Sarango, también dirigente de la Feine, recordó que en el acta de paz firmado el 30 de junio constaba que se reforme el Decreto Ejecutivo 151, sobre política minera. “El Gobierno reformó el Decreto, donde menciona que no debe haber minería en territorios indígenas, de comunidades y en territorios declarados como intangibles. Pero no se incluye que no debe haber minería en (zonas con) recursos hídricos”, como en Saraguro, señaló.
Gilberto Talahua, presidente del Movimiento Indígena de Bolívar, refirió que la posición de las organizaciones es “no a la minería” y la “moratoria a toda política extractivista”.
Patricio Meza, técnico de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), agregó que pedirán que se haga una revisión a las concesiones petroleras y mineras, transparencia en la información de los catastros de esas actividades.
“Hay otras actividades productivas que generan mayor riqueza para el país, como la agricultura familiar campesina”, ejemplificó. También se pedirá la reparación, compensación y remediación por los impactos ambientales en la zona norte de la Amazonía por derrames de petróleo.
Postura del Ejecutivo
El Ministerio de Ambiente es otra de los entes gubernamentales que forman parte de la mesa. Gustavo Manrique, titular de esa Cartera de Estado, dijo que el Ejecutivo trae propuestas que son acordes a la ley y a lo que los recursos naturales “aguantan”.
“No solo que estoy de acuerdo en que no debe haber extracción en áreas de protección hídrica o en áreas protegidas que no son lo mismo, sino que además la Constitución lo prohíbe. Quizá Hubo una distorsión en eso. Estamos aquí para el diálogo”, sostuvo el funcionario.
Manrique indicó que la minería en el 2020 representó alrededor de USD 1 000 millones de ingresos para el Estado, USD 2 000 millones en el 2021 y entre el 2022 y 2023 representaría USD 3 000 millones de ingresos.
“Cuando uno se sienta en una mesa de diálogo nada es imposible, el diálogo debe ser permanente. Debemos entender que los minerales tienen un rol”.
Respecto a los catastros minero y petrolero, evitó hablar al justificar que eso es competencia del Ministerio de Energía. Sin embargo, estimó que “todas esas dudas deben salir en esta mesa de diálogo”.
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Posted by El Comercio on Tuesday, August 23, 2022