2 de September de 2009 00:00

La nueva autoridad debe seguir los procesos

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Francisco Toral. Ex presidente del Consejo de Gestión del río Paute

Redacción Cuenca

¿Qué incidencia tiene el cambio de administraciones seccionales en el desarrollo de los cantones y provincias?

Cuando hay un cambio de administración, el que llega piensa implementar, con buena intención, todos sus planes, proyectos y propuestas de campaña, lo cual es bueno. Pero sí afecta cuando no hay un equilibrio al considerar y analizar profundamente, no políticamente, lo que hizo la administración anterior.

¿Los criterios políticos deben quedar de lado cuando una nueva autoridad asume su cargo y debe fiscalizar la gestión anterior?

La fiscalización es buena, en todo aspecto. Lo es tanto para saber si se hicieron bien las cosas o para corregir. Pero la nueva administración no debe  ensañarse, porque eso hace daño.

En ese sentido, lo ideal es que la adversidad política quede de lado cuando se inicia una nueva administración. ¿Es posible eso?

Lo importante es llevar adelante los planes y proyectos de acuerdo con la filosofía de cada persona. Lo que pasa es que, lamentablemente, la parte política se la maneja solo en función de un partido, eso es lo grave. El interés público no puede ser superado por el interés particular.

¿Es obligación de la nueva autoridad, en función del beneficio comunitario, continuar con los proyectos de su antecesor?

Es una obligación de las nuevas autoridades concluir las obras, si no están de acuerdo con ese proyecto tendrán que reencaminarlas. Las autoridades deben tener un máximo de 60 días para hacer el análisis de esos proyectos y tomar una decisión. 

¿En el Ecuador se piensa en esta continuidad?

Sí, en Cuenca, por ejemplo, la continuidad ha permitido que se concreten obras de agua potable, alcantarillado... El problema es que esto se ha logrado cuando el relevo solo se hace entre personajes de una misma tendencia política. Lo cual es un absurdo.

¿Puede ser positivo que la gente se vincule y se diseñe un plan de concertación ciudadana y se definan obras a largo plazo, para que las autoridades que lleguen tengan que cumplirlas?

Sí. Cuando los proyectos son bien fundamentados y analizados, sin tintes políticos y partidistas, hay existo, aunque se cambie de administración. Un plan de concertación ciudadana ayudaría porque obligaría a la autoridad a someterse a las prioridades del pueblo. 
 
¿Cuáles son los pasos que se deben seguir para lograr esa concertación?

Establecer acuerdos con los gremios, asociaciones y comités barriales. Hay que definir objetivos comunes, que tengan la capacidad de unir a las personas. Solo eso garantiza la sustentabilidad de los proyectos a largo plazo.

En su experiencia, ¿cómo afecta el cambio de administraciones a las obras que se ejecutaron en la cuenca del río Paute (Azuay), después del desastre de La Josefina que ocurrió en 1993?

Viví una situación muy cercana cuando fui Presidente del Consejo de Programación de Obras de Emergencia de la Cuenca del Paute. Todo funcionó bien hasta cuando hubo un objetivo común: la rehabilitación. En 2003 hubo un cambio de administración y la nueva autoridad propuso un nuevo objetivo. El resultado fue que la Unión Europea empezó a poner trabas para el financiamiento. Esa es la muestra de que un cambio puede frenar el proceso de desarrollo.

Cuando hay cambio de autoridades, ¿qué procesos pierden, los administrativos o los de obras físicas?

Eso depende de cómo sea la nueva administración. Esta siempre hará nuevas cosas. En lo físico,  en una primera etapa, se paralizan o se frenan las obras hasta que la nueva autoridad se empape del estado actual. En lo administrativo también hay retrocesos hasta que las autoridades entrantes se enteren de los procesos en ejecución. Que los procesos no se detengan depende mucho de cómo recibe la institución la nueva autoridad.

¿Las preferencias políticas de los dignatarios entrantes y salientes truncan los procesos de transición?

Efectivamente, pueden truncarse. Esto se evita cuando hay una buena transición, es decir, cuando la autoridad saliente entrega los informes que requiere su sucesor. Pero eso casi no ocurre, porque son de diferente tendencia política. Esa falta de delicadeza termina pasándole una factura al pueblo, que sufre por  el retraso en las obras.

¿Debería establecerse una normativa en la que las nuevas autoridades se comprometan a seguir con los procesos que se ejecutan?

Exista o no una normativa, depende mucho de cómo han estado estructurados los procesos  en la institución. Si fueron bien hechos en la administración saliente, seguro la que llega tendrá poco que reestructurar para seguir con esos planes  que permitan el desarrollo de  la ciudad o de la provincia.

Pero es necesaria la normativa...

No, porque ataría de pies y manos a la nueva autoridad, por ello es preferible la concertación ciudadana, para que desde los barrios se exija la continuidad de los proyectos de desarrollo.

¿Por qué está aquí?

Su experiencia. Ingeniero Civil, de 57 años. Fue Presidente de la CG Paute (2000–2003). También dirigió la regional del Fondo de Inversión Social de Emergencia.   

Su punto de vista. La concertación ciudadana puede someter a la autoridad a la búsqueda del interés público.

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