Abdalá Bucaram Pulley, abogado de la familia del niño, cuestionó la indagación fiscal y criticó que anteriormente no se haya pedido la prisión preventiva contra Ángel CH. N. Foto: Joffre Flores / EL COMERCIO
Con un certificado médico, Ángel CH. N. justificó su inasistencia a la audiencia de juzgamiento en el caso de presunta violación contra un menor de edad. Después de tres años de espera, la diligencia fue programada para las 16:00 de este martes, 31 de octubre del 2017, en la Unidad Judicial del Albán Borja, en el norte de Guayaquil. Pero se suspendió después de una hora de su instalación.
El abogado Freddy Tipantasig presentó un documento muy resumido, firmado por el procesado, en el que menciona su “grave estado de salud”. “Hoy en la mañana lo trasladaron en un vehículo hasta mi oficina y yo bajé para que firmara el escrito. Sé que está con descanso médico de tres días por padecer una enfermedad catastrófica como es el VIH”, dijo Tipantasig, quien negó ser parte de la defensa. Según indicó, los familiares del presunto agresor recién lo contactaron esta mañana.
El caso fue denunciado en el 2014. Los familiares del niño acusan a Ángel CH. N. de haberle transmitido el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), tras un presunto abuso sexual en el baño de una escuela pública del norte de la ciudad. En ese tiempo el niño tenía 8 años.
El diagnóstico fue verificado en un hospital pediátrico, hasta donde trasladaron al menor para tratar un cuadro severo de neumonía. Las pruebas médicas confirmaron que era portador de VIH y además detectaron las lesiones físicas de la violación. En esa ocasión estuvo internado durante tres meses.
“Ahora poco lo hospitalizamos nuevamente”, contó la madre del niño luego de la audiencia suspendida. “Él tiene que estar tomando suplementos y vitaminas, porque se debilita”. La mujer tuvo que dejar de trabajar para concentrarse en el cuidado de su primogénito, que ahora tiene 11 años de edad.
Abdalá Bucaram Pulley, abogado de la familia del niño, cuestionó la indagación fiscal y criticó que anteriormente no se haya pedido la prisión preventiva contra Ángel CH. N.
En una audiencia preparatoria, en mayo, ordenaron que se presente cada 15 días ante una unidad fiscal. Fue la medida sustitutiva a la que apelaron sus abogados, argumentando que era un adulto mayor y por ser portador de VIH desde el 2008.
“Este señor tendría en realidad 62 años de edad y no 75, como se ha dicho (…). Hasta el 24 de octubre cumplía con presentarse; hoy se declara internado”, reclamó Bucaram.
Para el miércoles, a las 16:00, se convocará a una nueva audiencia de revisión de las medidas alternativas. Bucaram anunció que la fiscal Margarita Neira, a cargo del caso en las últimas semanas, pedirá la prisión preventiva.
Otros familiares del niño aguardaron por más de una hora los resultados de la audiencia, en la sala de espera de la Unidad Judicial. “El niño ha tenido que ir a psicólogos para recuperarse poco a poco -contó el abuelo del pequeño-, pero igual queda esa cicatriz que nadie borrará, así se haga lo que se haga con ese tipo”.