Abdalá Bucaram Pulley, parte del equipo que asumió la defensa, critica la lentitud del proceso y cuestiona la aplicación de medidas cautelares contra el presunto agresor, que era chofer de los directivos de la institución educativa. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
Carlos (nombre protegido) espera que la tarde de este martes 31 de octubre concluya la pesadilla que su familia ha vivido durante los últimos tres años. El padre del pequeño que habría contraído VIH, tras una presunta violación en una escuela pública de Guayaquil donde estudiaba, acudirá a las 16:00 a la audiencia de juzgamiento por el caso que denunció en julio del 2014.
“Espero que se haga justicia, que ese tipo vaya preso. No solo violó a mi hijo, también me lo contagió con una enfermedad mortal”, dijo esta mañana, durante una pausa a su trabajo de mensajero para reunirse con sus abogados.
Abdalá Bucaram Pulley, parte del equipo que asumió la defensa, critica la lentitud del proceso y cuestiona la aplicación de medidas cautelares contra el presunto agresor, que era chofer de los directivos de la institución educativa.
“No es un adulto mayor, como se dijo. El agresor tiene 62 años (…). Esperamos que este pederasta sea penado con los 22 años que establece el artículo 171 del COIP”, comentó.
En el 2015 la Fiscalía dio un dictamen acusatorio, luego de verificar que el supuesto agresor tenía VIH desde el 2008. Como medida sustitutiva, en una audiencia de llamamiento juicio se dispuso que se presentara cada 15 ante una unidad fiscal.
La defensa planteará además una acción civil para que el Estado repare el daño generado al niño de 11 años. “Estamos hablando de una indemnización de por lo menos USD 1 millón, que debe ser entregada íntegramente a la familia del menor (…). El niño fue a la escuela para aprender a leer y a escribir, no para aprender de pesadillas y violaciones”, reclamó Pedro Granja, otro de los abogados.
Las historias del largo y tedioso proceso judicial en los casos de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, se repiten entre los padres que reciben apoyo de la organización Ecuador dice no más.
La mañana de este lunes, 30 de octubre del 2017, algunos cargaron cruces marcadas con huellitas de manos y pintaron sus rostros de blanco, para disipar su identidad. Las lágrimas borraron en parte el maquillaje.
“Hay funcionarios que nos maltratan, nos hacen sentir culpables por denunciar lo correcto”, dijo una de las madres. “El sistema me culpa a mí, no al abusador”, reclamó otra. “Mi hijo va de un lado a otro reviviendo el dolor, no hay derechos humanos para ellos”, agregó otra más.
Paola Andrade es la directora de la ONG e indica que buscan impulsar en el país una metodología estadounidense para mitigar el doloroso viacrucis que experimentan las familias vulneradas, como han denominado a los continuos recorridos por fiscalías, despachos de defensorías públicas y juzgados.
“En los años 50, en Estados Unidos, un niño tenía que hablar con 15 personas sobre el abuso que había vivido, iba de un lado a otro. ¿Les suena conocido?, eso es Ecuador hoy”. Ahora los pequeños atendidos en Estados Unidos solo comparten su testimonio con tres personas.
Para conocer de cerca el proceso, Andrade estuvo dos semanas en The National Children’s Advocacy Center, en Alabama, donde este modelo interdisciplinario se desarrolla en un solo edificio. En este espacio laboran policías especialistas, psicólogas, abogados, trabajadoras sociales y médicos pediatras. Así evitan la revictimización de los menores, dan un tratamiento con bajo costo y se alcanzan la recuperación del trauma.
El hijo de Carlos aún no logra superar el abuso que habría experimentado en un baño abandonado. En los últimos días, con la reactivación del caso, su salud ha empezado a deteriorarse.
“Los médicos me dijeron que quizá deba hospitalizarlo otra vez -cuenta el padre- (…). Mi hijo está mal. Tiene pesadillas y por las noches me pide ayuda porque cree que don Ángel, como le dice al agresor, vendrá por él”.